Casi 90 instalaciones industriales figuran en el listado provisional de empresas que deberán solicitar los derechos de emisión de C02

Beatriz G. Amandi/DICYT Un total de 87 instalaciones de empresas situadas en Castilla y León figuran en el listado provisional de entidades que deberán solicitar derechos de emisión de dióxido de carbono (C02), según datos publicados hoy en el BOE por el Ministerio de Medio Ambiente. Todas ellas deberán obtener un certificado que justifique y otorgue esos derechos antes de 2005 y, por consiguiente, podrán también entrar en el mercado de compra venta de derechos de emisión.

Estas instalaciones pertenecen a diferentes sectores productivos: Hay 31 empresas dedicadas a productos cerámicos; 29 instalaciones de combustión asociados a procesos industriales; 10 son instalaciones de generación eléctrica; nueve de pasta, papel y cartón; tres de cemento; otras tres de vidrio; una de siderurgia y una de cal.

Todas ellas, deberán solicitar antes del 30 de septiembre su asignación de derechos, que deberá ser resuelta por el Estado antes del 30 de diciembre.

Endesa e Iberdola

En Castilla y León hay dos grandes empresas asentadas que se dedican a la generación de energía eléctrica y a las que afectarán directamente las asignaciones que realice el Gobierno: Endesa e Iberdrola. Ambas han manifestado a DICYT su “tranquilidad” por la puesta en marcha del sistema de derechos de emisión, señalando que confían en que la asignación se realice de manera correcta. De la misma forma, sus portavoces han indicado que la asignación se realiza por cada instalación, por lo que hasta que se haga pública la resolución del 30 de diciembre no se puede avanzar en que situación pueden quedar dichas eléctricas.

Sin embargo, la situación de ambas es diferente. Iberdrola mantiene un gran número de instalaciones de ciclo combinado, lo que supone que realiza menos emisiones y que, por tanto, se verá menos afectada. Endesa, por su parte, tiene instalaciones térmicas que suponen una mayor concentración de gases que luego se emiten a la atmósfera. Por ello, fuentes de la empresa han señalado que ya se han comenzado a instalar planes continuos de reducción de emisiones que han conseguido que sus instalaciones sean “eficientes y se hayan reducido bastante las emisiones”. También han adoptado otras medidas alternativas que contempla el Protocolo de Kyoto, como son la inversión en masa forestal que ya tienen en marcha en países como Brasil, Perú, Argentina y Chile.

Asignado por decreto

Una vez obtenidos los correspondientes derechos y el certificado que los acredita, cada empresa podrá entrar en el negocio de la compra venta de derechos de emisión, que se regula por la resolución emitida el pasado 7 de septiembre de 2004 por la Secretaría General de Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático

Este decreto establece que la asignación debe ser coherente y no favorecer a un sector más que a otro, por lo que la compra o venta de derechos sólo se va a poder hacer en casos concretos en los que la asignación inicial no se ajuste a las cantidades emitidas finalmente.

Así, la cantidad estimada por el Plan Nacional de Asignación para el período inicial que va desde 2005 a 2007 alcanza los 172'31 millones de derechos de promedio anual, cifra que se ha tasado tras hallar la media de emisiones registradas entre los años 2000 y 2002, y en la que el ministerio pretende estabilizar las tasas por el momento. Estas emisiones suponen el vertido a la atmósfera de 400'7 millones de toneladas de dióxido de carbono durante el período 2005-2007, aunque pasada esta fecha se comenzará a aplicar las reducciones de emisiones necesarias para cumplir las expectativas planteadas por el Protocolo de Kyoto.

Las tasas actuales, según este acuerdo, deben ser reducidas hasta conseguir que las emisiones contaminantes no superen un 24% de lo emitido, y el ministerio calcula que ese esfuerzo deberá realizarse entre los años 2008 y 2012, para poder cumplir la normativa europea que España tiene como obligación. Este 24% es el resultado de la suma de la limitación establecida para nuestro país por el Protocolo de Kyoto, fijada en el 15%, la estimación de absorción por sumideros del país que se calcula en el 2% y más los créditos que se esperan conseguir en el mercado internacional, y que se ha tasado en el 7%.

En la actualidad, la tasa de emisión de CO2 en España se calcula que está situada en las seis toneladas por habitante y año, lo que sitúa al país un 35% por debajo de la media europea. 
 

Efecto invernadero

En el compromiso que adquirió España al ratificar el Protocolo de Kioto se establecían las tasas de emisiones de gases con efecto invernadero que no se debía sobrepasar. Estas tasas no sólo incluyen el dióxido de carbono (CO2), sino que habla también de otros gases emitidos habitualmente y que también son muy nocivos para la capa de ozono y para la salud humana. Esos gases son el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6). El efecto de estos gases en la atmósfera se conoce como efecto invernadero. Los gases provocan cambios en las moléculas que forman la atmósfera, especialmente en el ozono, un gas que se encarga de evitar que la radiación solar penetre hasta la corteza terrestre de manera muy intensa. Estos cambios en su composición molecular hacen que queden destruidos sus componentes y provocan lo que se conoce como agujero de la capa. El fenómeno fue descubierto en 1947, cuando también se conoció que la emisión de gases se producía tanto de manera natura