“La distribución del ingreso debe ser parte de la competitividad de un país”

Manuel Crespo/OEI-AECID/DICYT Nacido en 1947, el argentino Fernando Enrique Porta lleva años investigando el devenir económico de su país y de América Latina, con especial enfoque en materias de desarrollo industrial e integración regional, a la que considera fundamental para establecer un camino de progreso. Licenciado en Economía Política, con estudios de posgrado en Economía Internacional realizados en Inglaterra, Porta se desempeña como profesor e investigador en varias de las instituciones más prestigiosas de la Argentina (la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Quilmes, FLACSO y la Universidad Torcuato Di Tella, entre otras), además de ser investigador principal en el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior (REDES) y de trabajar como consultor de distintas organizaciones de alcance regional, entre ellas la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

PREGUNTA: En términos de integración económica regional, ¿dónde está parada América Latina?

RESPUESTA: El contexto actual es por lo menos confuso. Si se lo compara con décadas anteriores, no está muy claro en qué dirección y cómo avanza la región. Antes se podían vislumbrar objetivos e intenciones relativamente precisos. Durante las primeras experiencias, en los años ’60 y ’70, se consideraba que la integración estimularía un proceso de industrialización, muy a la manera de las economías cerradas, sólo que a nivel regional. Por entonces, el desarrollo industrial aparecía limitado, entre otros factores, por un mercado muy reducido y restricciones de capital y de mano de obra calificada, y la funcionalidad de la integración resultaba evidente. Más adelante, cuando se establecieron nuevos acuerdos en los años ‘90, el MERCOSUR entre ellos, y se consolidó un proceso de apertura de las economías latinoamericanas, el sentido de la integración era el de contribuir a la formación de economías relativamente abiertas. No se trató de iniciativas con un formato único. Se establecieron proyectos muy ambiciosos y otros más modestos, cada uno tuvo sus propias vicisitudes, pero estaba claro que la integración era parte del cambio estructural en curso. Hoy es difícil precisar a qué objetivos responde el proceso de integración regional. El modelo de la década del ’90 esta muy cuestionado, pero eso ocurre sin que aparezca un paradigma alternativo.

P: ¿Cuál es el panorama actual?

R: Deberíamos ir por partes. En América del Norte hay desde hace tiempo un proceso consolidado estructural e institucionalmente, con Estados Unidos como un claro rector de ese acuerdo. México y Canadá sólo están ahí para acatar, pero las reglas establecidas de antemano se cumplen, más allá de que se pueda estar en desacuerdo con las diferencias de peso entre los países integrantes. Tras el fracaso del ALCA, Estados Unidos también está llevando adelante una estrategia de acuerdos bilaterales: firmó tratados de comercio con varios países de Centroamérica, con Colombia, con Perú y con Chile. Los acuerdos bilaterales son lo único que hoy tiene cierta vitalidad en nuestra región. Los sistemas de integración más ambiciosos, en tanto, permanecen paralizados por distintos conflictos. Se podría decir que la Comunidad Andina hoy es casi inexistente o que implosionó como proyecto, ya que los países que la integran defienden modelos muy distintos: mientras que Bolivia, Venezuela y Ecuador optaron por la recuperación del control de sus recursos naturales y la nacionalización de sus industrias, los otros países siguieron por el camino contrario, en un marco de progresiva liberalización. Al mismo tiempo, los distintos acuerdos bilaterales con Estados Unidos terminaron por diluir el acuerdo regional, probablemente ya irrecuperable. Por su parte, a estas alturas, el Mercado Común Centroamericano también tiene un peso simbólico. Está integrado por países con escasa diversificación productiva, muy poca capacidad para comerciar entre sí y una inserción en el comercio internacional que se reduce básicamente a lazos con Estados Unidos, más que nada a través del comercio de mano de obra barata, una ventaja que en realidad es casi una receta del no desarrollo: se mantiene a parte de la población ocupada, pero eso no trae ningún efecto multiplicador. Por último, el MERCOSUR, que sí cuenta con cierta diversificación y está compuesto por países industrializados en mayor o menor medida, no ha mostrado ninguna capacidad para coordinar políticas que generen criterios, metas e instituciones comunes. Durante los ’90 el MERCOSUR se abrió al mundo, con lo cual se marcó un camino a seguir, pero después no se administraron los efectos de esa primera fase y todo se fue apagando. Se trata de un proceso todavía recuperable, sin embargo. Todavía es necesario para los países que lo integran, incluso para Brasil, el único potencialmente capacitado para hacerse de un espacio en los primeros círculos de la economía internacional. Si quiere tener peso afuera, Brasil primero debe liderar su bloque regional, mientras que los otros países necesitan de una integración estratégica para alcanzar niveles mínimos de desarrollo sustentable e iniciar un proceso de redistribución del ingreso.

P: El gobierno venezolano ahora está promoviendo un nuevo proyecto, el ALBA. ¿Considera que podría ser una alternativa válida?

R: Creo que el ALBA es más un club político que un club económico. Es más un intento de instalar ciertas definiciones políticas y de generar, a partir de ellas, algún tipo de cooperación económica entre los países que lo integren, especialmente en aquellas áreas donde los países tengan alguna ventaja competitiva. Es una idea guiada por criterios políticos: lo económico se queda sólo en ciertas capacidades excedentarias (en el caso de Venezuela sería el petróleo, por poner un ejemplo) que los países podrían traer a la mesa para ayudar a los otros.

P: ¿Hay principios básicos para asegurar la funcionalidad de un sistema de integración?

R: Depende de los objetivos planteados de antemano. Sobre el MERCOSUR, por ejemplo, algunos intelectuales piensan que falló porque sus objetivos eran demasiado ambiciosos. Otros dicen que fue al revés, que los objetivos estaban bien y que no hubo compromiso político suficiente para llevar adelante el proyecto. Más allá de este debate, me parece que el problema es previo. Radica justamente en no haber definido los límites de acción del proyecto, hasta dónde se quiere llegar con él: si se quiere libre comercio y nada más, si se quiere que el proyecto se convierta en un espacio de construcción de ciudadanía, si se quiere que sirva sólo para permitir la libre movilidad de las personas entre los países, si se busca la creación de una moneda única. Yo no creo que cada país deba proponerse un solo tipo de acuerdo comercial o dedicarse a una sola actividad productiva. La definición de un objetivo económico debe formar parte de una estrategia política y social. Los países chicos no tienen por qué trazarse sólo objetivos chicos. Eso es una falacia.

P: Teniendo en cuenta las inequidades económicas y sociales de nuestra región, ¿cómo se da en ella la relación entre competitividad comercial y distribución del ingreso?

R: Todo depende de lo que entendamos por competitividad y, muy pegado a eso, de lo que consideremos que es la estrategia correcta para pensar una América Latina con orientación hacia el progreso. La competitividad debería ser considerada y evaluada como el conjunto de capacidades que tiene un país para jugar un rol dentro del esquema de reglas del sistema global, pero sin verse afectado por ellas. Esto es difícil de conseguir. Un país podría ser considerado competitivo porque los inversores internacionales ven en él ciertos aspectos ventajosos para llevar a cabo una inversión determinada, pero habría que ver si tal hecho es verdaderamente positivo. Yo creo que hay maneras de entender la competitividad que resultan incompatible con un programa de equidad. Si se ve a la competitividad como una generación de oportunidades basada en circunstancias depredatorias para el stock de recursos naturales o para el mercado de trabajo, entonces no hay posibilidades de obtener un verdadero crecimiento. Por ejemplo, si la única ventaja competitiva de un país es contar con mano de obra barata, esa competitividad sólo produce y reproduce pobreza, algo que tampoco se puede compensar a través de la ayuda estatal, porque en ese caso el Estado también se arruina. La verdadera competitividad emerge cuando un país resulta atractivo a los ojos de los inversores y utiliza esa ventaja sin deteriorar sus condiciones sociales internas. La distribución del ingreso debe ser parte de la competitividad de un país. No debe quedar afuera del análisis. Llamar a lo otro competitividad no tiene ningún sentido, y eso es algo que aún no se ha resuelto en América Latina.

P: ¿Cómo está ubicada la región en el actual marco de crisis?

R: Hay de todo. El grado de afectación de cada país está atado a su tipo de inserción en el mercado internacional y a las áreas de la economía mundial con las que esté más intensamente vinculado. Los Estados más afectados hoy son aquellos muy dependientes del mercado estadounidense: México, América Central, algunos de los países andinos. Dentro de este factor también hay que incluir a las remesas de dólares que envían familiares que viven y trabajan en Estados Unidos, algo que en nuestra región no es un dato menor. Cuanto mayor sea el contacto con los primeros países afectados por la crisis, que en este caso son los países desarrollados, mayores son los efectos de la crisis. También sufren especialmente aquellos países dedicados al turismo, una actividad muy recesiva durante las crisis. Hay países con depresión abierta y otros con depresiones menos negativas, en especial si mantienen un lazo comercial fuerte con países asiáticos emergentes como China y La India. Y por último, además, el grado de afectación depende de la capacidad de reacción que tengan los países para responder ante la crisis. Aquellos países con mayor solvencia y margen de maniobra fiscal tienen mayores posibilidades de contra-intervenir.

P: Teniendo en cuenta sus definiciones de integración y competitividad, ¿en qué sentidos la crisis puede ser una oportunidad para establecer bases más claras y abarcadoras en América Latina?

R: Definir a la crisis como una oportunidad no es algo que se pueda hacer si antes no se dejó bien en claro que la crisis siempre es un verdadero desastre. La crisis nunca es un buen dato, sobre todo porque fenómenos de este tipo siempre tienen como primera variable de ajuste a los asalariados y a las zonas sociales más desprotegidas, por lo que siempre hay un impacto social muy importante. Sin embargo, se puede pensar la situación como la presentación de un desafío importante en lo intelectual y en lo político. La crisis actual comporta el resquebrajamiento de un paradigma que ya lleva más de veinte años y que había marcado reglas que ya no se ponían en tela de juicio. El paradigma no está muerto ni mucho menos, pero sí está siendo cuestionado, lo que reinstala una discusión acerca de cuáles deberían ser los mecanismos de regulación social de las actividades privadas y de cuál debería ser la relación entre los gobiernos y el mercado. Eso antes parecía resuelto en una sola dirección, la de la liberalización hacia el infinito. Ahora todo va a ser discutido otra vez, de manera tal que los modos en que se dan las prácticas comerciales entre países o entre regiones también van a ser revisados. De todas maneras, hasta el momento, el único gesto de intervención en los países desarrollados ha sido el salvataje de distintas corporaciones. Habrá que ver cómo reaccionan estos mismos Estados una vez que las empresas se encuentren definitivamente a salvo. Creo que en América Latina también se va a debatir cuál debe ser el mecanismo de desarrollo sustentable, pero de todas formas no quiero parecer optimista. La crisis nunca es buena y hasta ahora lo único indiscutible es que ya se están viendo los primeros efectos sociales negativos.