Ciencia España , Salamanca, Lunes, 12 de enero de 2015 a las 12:00

La falta de espacios de diálogo dificulta la resolución de conflictos medioambientales

Un estudio del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (eCyT) de la Universidad de Salamanca analiza dos casos argentinos como ejemplo de controversia con trasfondo científico

José Pichel Andrés/DICYT El Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (eCyT) de la Universidad de Salamanca ha analizado dos conflictos medioambientales de Argentina para estudiar la participación ciudadana en este tipo de controversias, que tienen un trasfondo científico. El caso de las industrias papeleras del río Uruguay y los autodenominados “pueblos fumigados”, que denuncian soportar una gran cantidad de agroquímicos perjudiciales para la salud, son dos ejemplos que sirven de referencia para ver cómo los ciudadanos se pueden implicar en la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente.

 

La investigadora argentina Jorgelina Sannazzaro los ha recogido recientemente en su tesis doctoral ‘Participación ciudadana en conflictos medioambientales y construcción de conocimientos de forma colectiva’, dirigida por Ana Cuevas, profesora del Instituto eCyT. “El foco de mi trabajo se centra en comprender cómo y por qué se movilizan los ciudadanos y cómo se relacionan con el saber experto”, apunta en declaraciones a DiCYT, ya que dentro de las distintas partes en conflicto participan científicos y técnicos que ayudan a comprender las distintas situaciones.

 

El conflicto de las papeleras surgió en 2002 ante el anuncio de una empresa española de ubicar sus instalaciones en una localidad uruguaya fronteriza con Argentina. El riesgo de contaminación provocó un enfrentamiento político entre ambos países, que comparten el río Uruguay. Aunque la empresa española se retiró, otras decidieron instalarse y el problema llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

 

Por su parte, los llamados “pueblos fumigados” denuncian que desde la década de los 90 se ha introducido un paquete tecnológico destinado a la agricultura compuesto por cultivos transgénicos y pesticidas muy agresivos. Los transgénicos están diseñados para resistir la acción de estos productos químicos, así que los productores utilizan en grandes cantidades estos “agrotóxicos”, según la denominación que les dan sus opositores. En Argentina el principal cultivo relacionado con este problema es la soja.

 

En ambos casos, “hay grupos que denuncian estar afectados por contaminación y otros que dicen que están mal informados”, señala Jorgelina Sannazzaro, un conflicto habitual que sucede con frecuencia en cualquier parte del mundo, por ejemplo, en la actualidad en las Islas Canarias con motivo de las prospecciones en busca de petróleo.

 

Los datos científicos, fundamentales


Una de las principales características de estas controversias es que “los que se movilizan son los ciudadanos”, pero para ellos “los datos científicos son fundamentales, porque perciben que pueden ser escuchados generando evidencias y contando con el apoyo de los expertos”.

 

Aunque la ciencia puede aportar las pruebas, los científicos no son independientes, los dos bandos en conflicto suelen contar con expertos que defienden sus respectivas posiciones y que para el contrario están desacreditados. “El problema es que no existen instancias de diálogo en conflictos medioambientales y en muchos casos hay acusaciones mutuas de manipulación de datos y hasta interpretaciones diferentes sobre la misma evidencia”, comenta.

 

Esta falta de diálogo real hace que las posiciones estén muy determinadas desde el inicio y que apenas varíen. Habitualmente, una de las partes defiende que el desarrollo tecnológico implica cierto grado de degradación ambiental, pero también que los avances permiten encontrar soluciones técnicas. La parte contraria, alerta contra los riesgos. Ciudadanos y científicos se alinean con una de las posturas y tienden a simplificar los argumentos del contrario.


La ciudadanía participa


Una de las principales conclusiones de este análisis es que “la imagen de que la ciudadanía es apática, está mal informada o no quiere participar no se corresponde con la realidad”. Es más, los casos analizados demuestran que los ciudadanos se informan y realizan aportaciones muy interesantes. Por ejemplo, en el conflicto de las papeleras la empresa sostenía que no habría contaminación por el gran caudal del río, pero la asamblea ciudadana recabó pruebas para demostrar que en algunas ocasiones había un flujo inverso que podía incrementar los niveles de polución. Este argumento generado por los ciudadanos se incluyó en el juicio de La Haya.

 

Entre los mecanismos de participación ciudadana en conflictos ambientales más exitosos se encuentran las conferencias de consenso, que reúnen una muestra representativa de la población para debatir con expertos y llegar a unas conclusiones. En los casos estudiados, hubo algunas audiencias públicas, también con participación de expertos y ciudadanos, pero la autora del trabajo apunta a que, probablemente, la solución más democrática sería una consulta pública vinculante tras un proceso en el que los ciudadanos se puedan informar convenientemente.

 

Este tipo de conflictos medioambientales ha sido más estudiado en Estados Unidos y en Europa, pero en Latinoamérica están en auge, en parte porque “los países del Norte han mejorado su legislación y muchas industrias ven más ventajoso instalarse en el Sur”, afirma Jorgelina Sannazzaro.