Tecnología España Valladolid, Valladolid, Miércoles, 10 de marzo de 2004 a las 19:14

La firma electrónica podrá ser utilizada por 1.100 abogados en toda Castilla y León

Está previsto que la medida se implante en toda España con el fin de agilizar trámites y reducir costes

BGA/DICYT Alrededor de 1.100 abogados ejercientes se podrán beneficiar en Castilla y León del uso de la firma electrónica para identificarse a través de Internet, lo que se espera que contribuya a agilizar algunos de los trámites legales y, de paso, a reducir los gastos que conllevan.

Para ello hoy se ha puesto en marcha el proceso que debe permitir, en un plazo aproximado de dos meses, el uso de la firma electrónica en todo el territorio de la comunidad, según indicaron el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Enrique Sanz-Lomana y el director de la Firma Electrónica del Consejo General de la Abogacía Española, Pedro Huguet, encargados de rubricar el convenio que pone en marcha el proyecto.

La firma electrónica sirve para identificar a la persona que la presenta como colegiado ejerciente, y debe ir adjuntada a todos los documentos que se envíen con carácter profesional, ya que ste sistema permite codificar el envío de modo que nadie lo puede leer salvo su destinatario, pero también permite autentificar al remitente. Además, la firma electrónica adjuntada al mensaje o documento enviado, permite garantizar que el contenido no podrá ser modificado por nadie que no sea su destinatario.

Esta aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito legal se está implantando ya en toda España, a través del Consejo General de la Abogacía Española, impulsor de la medida, y con ella se pretende no sólo agilizar algunos de los trámites que se realizan por parte de los abogados, sino también reducir costes, puesto que la fluidez y rapidez de los envíos permitirá mayor agilidad en los procesos.

En Valladolid se ha firmado esta mañana el convenio para desarrollar el servicio. Sin embargo, el proceso de creación de las firmas y las auditorias necesarias para su puesta en marcha retrasarán su aplicación efectiva hasta dentro de dos meses.