Social Sciences Spain Santa Cruz de La Palma, España, Friday, December 03 of 2004, 17:50

Los vicerrectores de Investigación solicitan al Gobierno un aumento de los presupuestos destinados a I+D+i

La sectorial de Investigación y Desarrollo de la CRUE se ha reunido en la isla de La Palma para analizar la política científica y el futuro de la investigación en España

IR/DICYT Después de seis meses de Gobierno socialista, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha reunido a su sectorial de I+D+i con el Ministerio de Educación y Ciencia para formalizar el diálogo y afrontar los problemas que presenta la investigación en España. Se trata de una reunión que se ha celebrado durante los últimos seis años, el escenario elegido por la CRUE para aportar ideas, poner de manifiesto las demandas de los investigadores y mantener un diálogo permanente con los responsables de la política científica. En esta ocasión, el lugar elegido ha sido la isla de La Palma.


En el plenario de este año, organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y al que también han asistido los responsables de las Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTRI) de las universidades, se han debatido distintas y candentes cuestiones relacionadas con la actividad investigadora. Los representantes de las 60 universidades reunidas aprovecharon el encuentro para exponer al Gobierno sus principales demandas, entre las que se encuentra la necesidad de establecer “una verdadera política de Estado en I+D+i”.


Incremento presupuestario


El vicerrector de Investigación de la universidad anfitriona, Antonio Fernández, declaró que “las universidades, que realizan el 75% de las investigaciones españolas, necesitan saber qué pasará con los recursos humanos, los becarios de investigación, los contratos para investigadores Ramón y Cajal y la financiación universitaria, así como el futuro de la coordinación y colaboración con los organismos públicos de investigación”. Igualmente, Fernández aclaró que las universidades siguen esperando el aumento del 25% de los presupuestos que el Partido Socialista prometió antes de acceder al Gobierno central, pues actualmente se encuentran “desmoralizadas” ante el escaso aumento del 7% recogido en los presupuestos de 2005.


Por su parte, el Gobierno, que estuvo representado por el secretario general de Política Científica y Tecnológica del MEC, Salvador Barberá, y por la directora general de Investigación, Violeta Demonte, prometió un incremento del 16% en las partidas para investigación de cara a 2005, y sus representantes manifestaron su voluntad de sentarse a dialogar con las comunidades autónomas y las universidades para conseguir un sistema de I+D+i “a la altura de las exigencias europeas”.


Conclusiones de la reunión


En el comunicado emitido por la CRUE tras el encuentro se pone de manifiesto que las universidades consideran que el nuevo equipo ministerial ha tenido tiempo suficiente para poder afrontar de forma concreta las medidas y soluciones en las que debía avanzar, así como en la puesta en práctica de las mismas, y reiteran su deseo de que “una vez identificados los problemas, se pongan en marcha las acciones concretas y se fijen los calendarios para llevarlas a cabo”.


“Entre las preocupaciones que mantiene la sectorial”, continúa el informe, “se encuentra la creación de un fondo de apoyo a la investigación en todos los planes de financiación de las universidades que obedezca al cumplimiento de objetivos científico-tecnológicos”. El ministerio debería, en este caso y según la CRUE, actuar como catalizador y promotor de la iniciativa.

Los vicerrectores han mostrado su especial preocupación por el inexistente diseño actual de una auténtica carrera investigadora, que “adolece principalmente de tres problemas: la precariedad, la discontinuidad y la falta de horizonte. Estos problemas provocan que la profesión de investigador no sea atractiva y explican en parte la escasez de vocaciones científicas en Europa y en España”. 

Finalmente, el comunicado emitido ha abordado la cuestión económica relativa a la investigación española, mostrando su preocupación por la falta de adecuación del sistema de subvenciones a la gestión de la investigación y solicitando medidas que subsanen los problemas derivados de la aplicación de la ley que regula dichas subvenciones.