Tecnología España , Valladolid, Lunes, 28 de junio de 2004 a las 19:57

Medio centenar de centros industriales elaboran auditor铆as ambientales sobre sus actividades

Valladolid y Burgos con 17 y 11 empresas respectivamente lideran el r谩nking

Beatriz G. Amandi/DICYT Un total de 56 centros industriales de la regi贸n est谩n obligados por ley, desde hace cuatro a帽os, a presentar auditorias ambientales ante la Consejer铆a de Medio Ambiente de la Junta acerca de sus actividades y de las medidas que llevan a cabo en materia de gest贸n de residuos, materiales empleados en la produci贸n, consumo de energ铆a y emisiones de material sensible a la atm贸sfera o a los r铆os. Valladolid y Burgos, con 17 y 11 instalaciones de este tipo respectivamente, encabezan la lista por provincias.

Las auditorias ambientales tienen como finalidad mejorar la situaci贸n medioambiental de empresas que se dedican a determinadas actividades que pueden conllevar, en principio, un riesgo elevado de contaminaci贸n ambiental.

 

Tras Valladolid y Burgos, el r谩nking de provincias con empresas de este tipo lo encabeza Le贸n con nueve. En Palencia hay seis, en Salamanca cuatro, Soria alberga tres, y en 脕vila, Segovia y Zamora, dos en cada una.

Se trata de una medida que permite a la Junta de Castilla y Le贸n tener un control de estas empresas y, por otr lado, ayuda a sus propietarios a adaptarse a las nuevas normativas medioambientales que implican un mayor cuidado en las estrategias de gesti贸n de contaminaci贸n y ruidos.

En el caso de Castilla y Le贸n, y seg煤n el censo elaborado por la Junta, hay un total de 14 tipos diferentes de actividades que requieren ser sometidas a auditor铆as ambientales. As铆, las m谩s numerosas son las industrias azucareras, alcoholeras y transformaci贸n de vinazas, y las industrias qu铆micas destinadas a la fabricaci贸n de productos farmac茅uticos o veterinarios, ya que hay 10 empresas que se engloban en cada una de las dos categor铆as.

Asimismo, existen otras seis compa帽铆as de fabricaci贸n de veh铆culos en esta misma situaci贸n, y otras cinco en cada una de estas categor铆as: centrales t茅rmicas convencionales o plantas de cogeneraci贸n; acer铆as y fundiciones con capacidad de producci贸n superior a 10.000 toneladas por a帽o; plantas de celulosa y papel con capacidad de producci贸n superior a 25.000 toneladas por a帽o y plantas de tratamiento y eliminaci贸n de residuos considerados como peligrosos.

La lista se completa con cuatro plantas de galvanizado y revestimientos met谩licos con una capacidad superior a 5.000 toneladas al a帽o, tres m谩s de fabricaci贸n de neum谩ticos, dos de producci贸n de fertilizantes qu铆micos y una de tratamiento de residuos sanitarios especiales.

Seg煤n han se帽alado a DCYT fuentes de la consejer铆a, la pr谩ctica totalidad de los centros afectados han presentado el informe ambiental correspondiente a este a帽o, que debe ser examinado por la Junta para comprobar que se cumplen los requisitos impuestos por la Ley de Evaluaci贸n deImpacto Ambiental y Auditor铆as Ambientales de Castilla y Le贸n de 18 de mayo de 2000.

Estos informes incluyen una descripci贸n de los procesos que se desarrollan en la instalaci贸n como la producci贸n, empleo de materias primas, consumos de agua y de energ铆a, generaci贸n de efluentes y de residuos, emisiones a la atm贸sfera y de las medidas correctoras existentes, as铆 como datos cuantitativos sobre la emisi贸n de contaminantes, producci贸n de residuos, consumos de materias primas y la descripci贸n del programa de gesti贸n ambiental establecido por la empresa auditada, as铆 como sus objetivos.

En los casos en los que no hay implantado un sistema de gesti贸n ambiental, se propone una evaluaci贸n de las actuaciones ambientales, que incluye el sistema de gesti贸n interno y las medidas de protecci贸n existentes, adem谩s de la valoraci贸n del grado de cumplimiento de la legislaci贸n medioambiental que afecta a la instalaci贸n detallando la problem谩tica detectada tras la realizaci贸n de la auditor铆a. En el inform se incluye tambi茅n un resumen de las diferentes propuestas de las medidas correctoras que se pueden aplicar para mejorar las condiciones de producci贸n y se acompa帽a el estudio de viabilidad t茅cnica y econ贸mica.

Una vez realizado este informe, debe ser remitido al Servicio Territorial de Medio Ambiente de cada provincia, que revisar谩 la documentaci贸n, disponiendo de 10 d铆as para contestar con las propuestas o indicaciones que se consideren oportunas para cumplir lo establecido. Tras ello se realiza una propuesta de validaci贸n, que la empresa puede conocer y a la que puede presentar alegaciones o modificaciones.

Finalmente, existe un plazo de dos meses para que este servicio territorial remita a la Secretar铆a General de la Consejer铆a de Medio Ambiente el Informe Ambiental, junto con un informe de valoraci贸n previo.

A partir de este momento, la Consejer铆a de Medio Ambiente, dispone de un plazo de seis meses, a partir de la fecha de presentaci贸n del Informe Ambiental, para exponer una resoluci贸n. De no llevarsea cabo esta, se entender谩 como validado.

De las 56 empresas que requieren este tr谩mite, 45 de los informes ya han obtenido una orden expresa de validaci贸n.