Un curso analiza el futuro de la minería leonesa del carbón
AVPR/DICYT Organizadas por la Universidad de Léon, la Fundación Sierra Pambley y el Ayuntamiento de Villablino se desarrollarán, desde el 12 al 16 de enero en esta localidad leonesa, las jornadas Pasado y futuro de las cuencas minero energéticas españolas: la cuenca de Laciana, en las que expertos en la materia analizarán las consecuencias sociales y económicas de la reestructuración de las cuencas minero-siderúrgicas en Castilla y León, así como la influencia que ha tenido la política comunitaria en este sector.
Entre los ponentes se encuentra Andrés Pinar Godoy, fefe del Servicio de Políticas Sectoriales de la Secretaría General de Promoción Industrial y Tecnología de la Junta quien, según una de las organizadoras, la profesora de la Universidad de León Nuria González Rabanal, "ahondará en los problemas que deberá afrontar el sector para reactivar las cuencas mineras". Otro de los puntos esenciales de esta ponencia consistirá en evaluar cómo está influyendo el desarrollo del Plan del Carbón, que desde 1998 ha dejado en Castilla y León más de 3.000 millones de euros en ayudas.
Aunque según datos del Ministerio de Economía, algo más de un tercio de las subvenciones se han destinado a ayudas sociales, cerca de 1.139 millones de euros, también se ha apostado por becas de formación para los jóvenes de las cuencas mineras (28 millones de euros), se han financiado nuevas infraestructuras, (511 millones de euros) y se han subvencionado proyectos que creen puestos de trabajo alternativos como nuevos polígonos industriales o centros de turismo ecológico, con cerca de 109 millones de euros. Por último, la reestructuración general del sector ha contado con una inyección económica de más de 1.200 millones de euros.
Uno de los aspectos que según Nuria González despierta más interés es la controversia que plantea la doble política del Gobierno central en el tema del carbón: "Por un lado suscribe acuerdos, como el alcanzado en la cumbre mundial de Kyoto, en los que se compromete a reducir las emisiones de CO2, con lo que cierra las puertas a la creación de nuevas centrales térmicas, que son las principales consumidores de la producción hullera nacional y, por otro lado, hasta hace unos años ha facilitado ayudas a la producción y tratado de mantener artifialmente un sector del que dependen cerca de 4.000 familias adscritas a zonas geográficas muy concretas, en contra de políticas comunitarias y proyectos internacionales", subrraya la profesora.