Ciencia España , Salamanca, Jueves, 17 de noviembre de 2016 a las 15:51

Un grupo de la USAL, especialista en el estudio de los derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinar

El GIR ‘Derechos y libertades en la sociedad actual’ está formado por profesoras y profesores de la USAL procedentes de diversas ramas de conocimiento: sociólogos, pedagogos y juristas

CGP/DICYT El Grupo de Investigación Reconocido (GIR) ‘Derechos y libertades en la sociedad actual’, dirigido por la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo Burrieza, es especialista en el estudio de los derechos humanos, encargándose de analizar a nivel interno e internacional su naturaleza, la función que cumplen y las garantías de los mismos desde distintos enfoques.
 

El equipo investigador, constituido como GIR desde 2007, está formado por profesoras y profesores de la USAL procedentes de diversas ramas de conocimiento: sociólogos, pedagogos y juristas. Entre éstos últimos se encuentran iusnaturalistas, internacionalistas, constitucionalistas, penalistas y laboralistas.
 

Como explican la propia Ángela Figueruelo Burrieza y Marta León Alonso, una de las investigadoras del grupo, “la sociedad globalizada de principios del siglo XXI requiere que cualquier investigación científica rigurosa traspase el ámbito local y nacional de los problemas que son analizados”, motivo por el cual tratan de investigar “el grado de efectividad de los derechos y libertades en un mundo globalizado, desde las distintas ópticas que se corresponden con la especialidad científica de los distintos miembros del equipo”.
 

El grupo, que también fue reconocido como Grupo de Investigación de Excelencia (GIE) de la Junta de Castilla y León en 2013, tiene entre sus principales líneas de investigación, como se ha señalado anteriormente, las garantías constitucionales de los derechos. La Constitución Española recoge un amplio espectro de las mismas: unas obedecen a un carácter normativo, otras tienen naturaleza institucional y las más importantes son las de rango jurisdiccional.
 

“Sin perjuicio de la necesaria protección interna −a nivel nacional− de los derechos y libertades, un grupo de investigación que pretenda hacer un análisis de gran calado sobre el significado y la situación de esos derechos (cuyo fundamento es la dignidad humana de la que somos titulares mujeres y hombres) a nivel general debe necesariamente incidir en un análisis pormenorizado a nivel regional, primero, y mundial, después. Sólo así se podrá obtener una idea precisa del estado de la cuestión del tema investigado”, subrayan las investigadoras.
 

De este modo, para un investigador en el tema de las garantías de los derechos es punto de obligada referencia el artículo 10.2 constitucional donde se introduce a nivel interno el Derecho internacional de los derechos humanos. Así, las normas relativas a los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos deben ser interpretadas de acuerdo a los Tratados internacionales sobre los mismos. Pero no sólo conforme a las normas, sino también a la jurisprudencia de las Cortes y Tribunales encargados de su tutela. “Los constitucionalistas no podemos desconocer los pronunciamientos de Tribunales como el de Luxemburgo, el de Estrasburgo, la Corte de San José de Costa Rica o el Tribunal Internacional de La Haya. La prospección de esta jurisprudencia sobre la de nuestro Tribunal Constitucional permite entender el significado y el valor de los derechos en el caso patrio”, apuntan.
 

Existen a día de hoy organizaciones e instituciones para-estatales que, a su juicio, son un valor en alza a la hora de viabilizar la efectividad y el desarrollo de los derechos. Según señalan, cada vez se implantan en mayor medida Organizaciones Internacionales auspiciadas por el poder público que en el ámbito penal o laboral se hacen imprescindibles para entender la necesaria protección a nivel internacional de los derechos, como por ejemplo la OIT o el Tribunal Penal Internacional, etc.


Por otro lado, la sociología internacional otorga al grupo un enfoque imprescindible para un análisis más completo de las investigaciones realizadas. Esta disciplina se ocupa, entre otros, de temas como las características de la sociedad y la comunidad internacional contemporánea; análisis de fenómenos internacionales como la violencia en el ámbito social, intrafamiliar y laboral; género e igualdad de oportunidades; medioambiente; el sistema internacional de protección de derechos humanos; el reforzamiento o debilitamiento de ONG’s y de los organismos internacionales como actores de la política mundial; el estado de bienestar, o el papel de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea.
 

Proyectos y colaboraciones
 

Entre los proyectos desarrollados en el seno del grupo, que cuenta con una dilatada experiencia investigadora, destacan los titulados ‘Perspectiva de género en la negociación colectiva: Análisis interdisciplinar’, financiado por el extinto Ministerio de Igualdad; y ‘La igualdad de género en la negociación colectiva de Castilla y León: Análisis interdisciplinar’, subvencionado por la Junta de Castilla y León.
 

Además, para conmemorar los siete años de singladura del GIR y un año después de que se les reconociese como GIE por parte de la Junta de Castilla y León, en 2014 el grupo celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad un seminario donde los miembros del equipo presentaron los asuntos más destacados en materia de derechos y libertades, tanto en una sociedad globalizada, como en una sociedad en crisis, aplicando con carácter interdisciplinar la perspectiva de género.
 

En estos momentos, el grupo está constituido por una docena de investigadores, además de la coordinadora Ángela Figueruelo Burrieza y de Marta León Alonso, por María Luisa Ibáñez Martínez, Pilar Maestre Casas, Valentina Maya Frades, Cristina Méndez Rodríguez, María José Nevado Fernández, Encarna Pérez Álvarez, Fernando Pérez Álvarez, Wilfredo Sanguineti Raymond, Lourdes Santos Pérez y Laura Zúñiga Rodríguez.


De la misma forma, desde su creación, el GIR ha colaborado activamente con otras instituciones y universidades nacionales e internacionales. Por ejemplo, en el año 2009 firmó un acuerdo de colaboración científica con el Cuerpo Académico “Derecho Constitucional” de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey (México).