Alimentación España Madrid, Internacional, Viernes, 10 de septiembre de 2004 a las 19:38

La Comisión Europea autoriza 17 nuevas variedades de maíz transgénico

Greenpeace y COAG critican la medida y solicitan el Ejecutivo entrante su revocación

VR/DICYT Greenpeace y la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) critican duramente la decisión tomada por la Comisión Europea de incluir otras 17 variedades de maíz modificado genéticamente Mon 810 de la multinacional norteamericana Monsanto en el catálogo europeo de semillas, lo que permitirá su venta en todo el territorio europeo. Estas organizaciones piden a los gobiernos europeos que empleen las cláusulas de salvaguardia nacionales contra estas variedades para proteger el medio ambiente y la agricultura convencional y ecológica.

“Permitir la venta de estas semillas, cuando la inmensa mayoría de los estados europeos no ha definido sus medidas nacionales de coexistencia (o protección de la agricultura ecológica y convencional) muestra que las promesas de la Comisión saliente de asegurar un contexto de coexistencia verdadera eran sólo palabras vacías”, afirmó Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de Transgénicos de Greenpeace.

“Esperamos que la nueva Comisión actúe con más responsabilidad. Mientras tanto, los Estados miembros deben tomar las medidas oportunas para prohibir estas variedades y proteger así la agricultura y la industria alimentaria”, indicó Andoni García, responsable de la Ejecutiva del Area de Medio Ambiente de COAG.

España es el único país de la UE que ha autorizado el cultivo a escala comercial de transgénicos. En nuestro país están permitidas 16 variedades. “Pedimos al Gobierno Español que revierta esta situación creada por el Gobierno anterior y retire la autorización de todas estas variedades cuyos efectos están siendo ampliamente descritos”, añadió García.


Propuesta de umbrales en semillas

Por otra parte, la propuesta de la Comisión Europea para legalizar la contaminación de las semillas no transgénicas por semillas modificadas genéticamente (MG) sin obligación de etiquetar debería haber sido discutida ayer en la Comisión. Sin embargo, el colegio de comisarios la retiró de la agenda porque, según afirmó el presidente, Romano Prodi, es necesario un análisis en profundidad del impacto económico de dicha propuesta.

“Greenpeace considera positivo que la comisión haya reconocido que el asunto de la contaminación de las semillas es lo suficientemente grave como para que sea la nueva Comisión quien reconsidere el problema de la contaminación de las semillas y de la coexistencia”, declaró Juan-Felipe Carrasco. “Demandamos a los nuevos comisarios que actúen con más responsabilidad y establezcan un umbral de contaminación equivalente al nivel técnico de detección, de tal manera que se proteja la libertad de elección de los agricultores y de los consumidores”, añadió.

Esta propuesta hubiera permitido la presencia del 0'3 % de transgénicos en la semillas de maíz y de colza, lo que equivale a 300 plantas transgénicas de máiz o 2.000 de colza por cada hectárea supuestamente libre de transgénicos en toda la UE sin que nadie tuviese que informar ni a los agricultores, ni a la Administración, ni a los productores de alimentos ni a los consumidores. “Un umbral de semillas transgénicas superior al 0 técnico (el mínimo detectable) supone riesgos, incertidumbre y costes a los sistemas productivos. Si la contaminación se convierte en regla, la producción de alimentos no transgénicos sería inviable”, afirmó Andoni García.

Además, con estos niveles de contaminación se haría extremadamente dificil el control de la trazabilidad de los transgénicos, y la liberación de transgéncios al medio ambiente se haría irreversible aunque se detectase. La Comisión debe tener en cuenta que la mayor parte de los agricultores, productores y distribuidores de alimentos quieren un mercado libre de transgénicos.

Si los Estados miembros no se oponen a esta decisión, supondrá el fin del derecho a elegir alimentos sin transgénicos para los consumidores. Esta decisión, de haber sido adoptada ayer, hubiera impedido a los agricultores y a la industria alimentaria seguir ofreciendo productos sin transgénicos, es decir, con menos del 0'9% de derivados de transgénicos, el umbral fijado por el Reglamento Europeo de Etiquetado y Trazabilidad.