El gobierno electrónico avanza despacio

Sergio Corral/DICYT La Universidad de Burgos, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional, ha dedicado un seminario a analizar los avances en torno al gobierno electrónico, que ha tenido lugar en la Facultad de Derecho. Bajo el título Gobierno electrónico: estado de la cuestión un grupo de profesores de varias universidades latinoamericanas y españolas, entre las que se encuentran las de Zaragoza, Valladolid y Burgos, han efectuado un análsis de la posible quiebra del sistema de representación tradicional que puede provocar, a largo plazo, el desarrollo y la implantación de los medios tecnológicos, electrónicos y digitales a las relación entre los gobiernos y la ciudadanía.

El profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos, Julio Pérez Gil, que junto con los también profesores de la universidad burgalesa Camino Vidal y Santiago Bello participan en este seminario, explica a DICYT que “estamos asistiendo a profundas transformaciones determinadas por nuestra forma de actuar en la realidad que tienen consecuencias jurídicas”, asegura el profesor Pérez Gil, quien deja claro que “es sobre esta cuestión sobre la que más se ha profundizado en el seminario y sobre la que todos los expertos en la materia llevamos mucho tiempo estudiando”. Una de las conclusiones a las que este grupo de profesores ha llegado es que “una cosa es el deseo o las expectativas, y otra muy distinta es lo que está ocurriendo en el día a día, ya que hemos constatado que en cuanto a la existencia de mecanismos que permitan una comunicación directa entre el ciudadano y el Estado tecnológicamente es muy fácil, aunque existen demasiados temores, justificados y no justificados, que son los que motivan que no seamos capaces de vislumbrar las repercusiones que esto puede tener en el futuro”, asegura.

Uno de los debates en los que más han profundizado los participantes en este seminario sobre la realidad del gobierno electrónico radica en la posibilidad de que, a un largo plazo, la implantación y desarrollo de dicho sistema pueda suponer una quiebra del modelo de representación tradicional en el sentido de que “nosotros designamos a unos políticos para que nos representen, mientras que las nuevas tecnologías nos permiten un acceso directo a la toma de decisiones de forma inmediata”.

“Se trata de analizar no sólo el aspecto tecnológico de la cuestión, sino el aspecto conceptual o profundo. Debemos preguntarnos si aspiramos a eso o no, ya que es cierto que los mecanismos tecnológicos los tenemos pero otra cosa muy distinta es si realmente queremos darles ese papel en el futuro”, argumenta el profesor Julio Pérez Gil quien asegura que “en este momento estamos en una fase incipiente. Esto va a transformar la realidad en los próximos años, pero esta afirmación ya la hacíamos hace 10 años y estamos viendo que el proceso se está dilatando un poco en el tiempo. Es por esto por lo que entendemos que quizás estemos en una fase de balbuceos, de proyectos piloto y de iniciativas en la que no somos capaces de determinar hasta donde podemos llegar”, concluye.


El voto electrónico

El profesor Julio Pérez Gil asegura no depositar muchas expectativas en el voto electrónico, ya que “muchas de las experiencias piloto que se han visto y sobre las cuales se está trabajando, como puede ser el análisis de resultados, no se pueden entender como una profunda transformación de la democracia, ya que simplemente se trata de una transformación de la tradicional urna de cristal en una urna electrónica”. “Eso no es la democracia electrónica”, argumenta ya que simplemente se trata de “una aplicación de diferentes mecanismos tecnológicos a algo que se superpone sobre los mecanismos tradicionales”.

Cuando hablamos de democracia electrónica tenemos que ir mucho más allá, prosigue el profesor Pérez Gil, ya que “hablamos de abrir la participación de manera que las decisiones, y no sólo la elección de nuestros representantes, sino otras decisiones, dejen ver las posibles repercusiones a tiempo real”. Es aquí en donde podemos hablar de un “terreno novedoso que supone un serio desafío a la democracia, pero también es cierto que no todo el mundo es partidario de abrir la participación con esas dimensiones, ya que partiendo de la base de que no todo lo que nos permite la técnica es positivo, hay bastantes riesgos como puede ser el voto en bloque a una determinada opción o riesgos de control de unos determinados votos”. Motivos que le llevan a asegurar que “no podemos pensar que todo va a ser un camino de rosas, ni que podemos confiar plenamente en una utopía tecnológica a muy corto plazo”. La percepción social que se tiene en las nuevas tecnologías, las barreras legales y el propio ritmo del desarrollo tecnológico condiciona claramente todo este proceso en nuestro país. “Nos estamos moviendo en una realidad en la que falta esta conciencia social, en la que hay un déficit normativo y en la que puede existir una quiebra tecnológica”, explica.

Una legislación actualizada

Para el profesor Pérez Gil “en ocasiones la ley se adelanta a la realidad”. En este caso concreto, la ley está regulando cosas que “la gente no utiliza como es el caso de la firma electrónica”. Una práctica que está muy poco difundida pese a tener una ley que derogó una anterior del año 1999. “Este es un fenómeno curioso ya que normalmente el derecho siempre va por detrás de la sociedad, y en este caso el al revés”, matiza. Desde el año 1999 contamos en España con una legislación muy minuciosa en la que se establecen los requisitos administrativos y técnicos para otorgar validez a ese mecanismo de seguridad o de garantías y, sin embargo, la gente no lo utiliza. “Hay que dejar que la realidad social siga caminando por delante del derecho, porque el derecho tiene que ir dando soluciones a la evolución de la sociedad y no ir marcando una tendencia o abandonar una neutralidad tecnológica”, expone.