Un estudio indica un desproporcionado índice de muertes en mujeres de escasos recursos e indígenas

AGENCIA ID/DICYT Si bien se ha registrado una reducción en la tasa de decesos maternos, la prevalencia de este problema todavía sigue siendo muy elevada si se considera el nivel de desarrollo y la infraestructura de los servicios de salud que posee México.

“Por lo anterior, se estima que el país no cumplirá con la Meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que buscaba disminuir en un 75 por ciento la mortalidad materna en el país, pues de 22'2 fallecimientos por cada 100 mil partos se pasó a 42'3”, informa un estudio titulado Género e Igualdad. Análisis y Propuestas para la Agenda Pendiente, realizado y publicado por expertos adscritos a la Fundación Angélica Fuentes (FAF).

A lo anterior, se suma la prevalencia de las disparidades en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, problemas que siguen afectando de manera desproporcionada a las mujeres de escasos recursos e indígenas.

De acuerdo con la investigación de la FAF, otro de los retos está constituido por la violencia obstétrica, proveniente de las instituciones que atienden a la población femenina durante el embarazo, el parto y el puerperio. Se manifiesta con maltrato psicológico, cesáreas innecesarias y la esterilización forzada, prácticas que suelen ser más comunes contra las mujeres marginadas.

“Se trata de un fenómeno frecuente ejercido por instituciones de salud en contra de las embarazadas. Sucede hoy y ha sucedido siempre durante años; y el problema ha permanecido fuera del foco de la opinión pública y la discusión política”, subraya el documento realizado por un equipo formado por más de 20 expertos y avalado por Juan Ramón de la Fuente (exrector de la UNAM), Julio Madrazo (consultor experto en políticas públicas) y Camilo Galvis (director de la Fundación).

En este contexto, resalta que el Censo de Población y Vivienda 2010 señala que siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, lo que implica que requirieron atención médica durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Asimismo, existe un incremento desproporcionado de nacimientos por cesárea estimado en 38'1% del total. En el sector público ha aumentado en un 33'7% desde el año 2000 y en el privado un 60'4%. Actualmente, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial (después de China, Brasil y Estados Unidos) en el uso de cesáreas sin indicación médica.

Sin embargo, en el estudio Género e Igualdad. Análisis y Propuestas para la Agenda Pendiente se reconoce que la solución no es criminalizar al personal médico, que suele laborar bajo condiciones inadecuadas, sin los insumos suficientes o la capacitación necesaria. “La responsabilidad recae en el Estado, que está obligado a transformar las instituciones a partir de la admisión de políticas públicas que respeten los derechos de las mujeres embarazadas y prevengan conductas que puedan constituir este tipo de violencia”.

Con el fin de que las mujeres puedan ejercer sus derechos reproductivos necesitan demandar y tener acceso a los servicios de salud y los métodos anticonceptivos de su elección. Éstos previenen los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, al mismo tiempo que garantizan su autonomía para poder participar en la vida social, económica y pública.