Los expertos coinciden en que las empresas no están preparadas para afrontar el Protocolo de Kyoto

Beatriz G. Amandi/DICYT El Palacio de Congresos Conde Ansúrez acoge hoy y mañana uno de los cursos de estío de la Universidad de Valladolid que lleva por título El protocolo de Kyoto: certezas e incertidumbres, donde se analizará la puesta en marcha de este acuerdo intrnacional para la educción de emisiones de CO2 y de cómo afecta a las empresas y ciudadanos españoles. Durante la jornada de hoy, los expertos reunidos han señalado, entre otras cuestiones, que la mayoría de las empresas aún no están preparadas para afrontar los cambios que supondrá la aplicación de la directiva europea que regula la emisión de gases. 

Desde comienzos de 2005 se han empezado a dar los primeros pasos para la aplicación del protocolo, pero no será hasta el periodo 2008-2012, cuando se aplique por completo la normativa que lo regula y se impongan sanciones a quienes lo incumplan.

En este sentido, la ponencia inaugural de la jornada ha estado a cargo de Juan José Toribio, director del IESE Business School de la Universidad de Navarra en Madrid, quien señaló que existen algunos errores de base en la redacción del documento que será necesario modificar para que éste sea realmente aplicable a la economía europea.

En su intervención, el profesor Toribio señaló que la entrada en vigor de la directiva europea supondrá efectos negativos en la economía y algunos de los estudios que maneja hablan ya de “que la inflación se incrementará en dos puntos y medio y el producto interior bruto se verá reducido, al menos, en medio punto”. Además, según su valoración, España se convertirá en una compradora neta de derechos de emisión a otros países como Alemania o Gran Bretaña, que están mejor preparados para afrontar los cambios.

Juan José Toribio también recalcó que, una vez que haya pasado el periodo inicial, en el año 2012, será necesario adoptar algunos cambios en la directiva y apuesta por “la creación de un esquema que no se basase en el incremento producido en las emisiones partiendo de un año base, como actualmente, que se toma como referencia el año 1990, sino en esquemas que limitaran la contaminación per cápita; y, por otro lado, habría que incorporar al protocolo a nuevos países que se industrializan rápidamente como son la India o China”. El experto también aboga porque se incluyan como sectores contaminantes el químico y el transporte, que ahora están fuera de toda regulación.

Falta información

Por su parte, el profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Salamanca Fernando Rodríguez López fue el encargado de clarificar algunos de los aspectos económicos más importantes de la aplicación del protocolo, y señaló que los propios empresarios carecen de la información necesaria para poder trabajar en ese mercado nuevo de los derechos de emisión.

En este sentido, explicó que desde que en abril comenzara a funcionar el registro de los derechos de emisión de cada empresa, el precio por tonelada de CO2 ha ido variando de manera significativa: una tonelada comenzó costando 14 euros, luego pasó a 27 y ahora parece que se ha estabilizado en unos 23 euros. Fernando Rodríguez también ha explicado que las previsiones son que el precio se estabilice entre los 20 y los 50 euros, pero que aún es difícil saber en cuánto lo hará “nadie sabe cuánto cuesta una tonelada de CO2, ahora mismo es la oferta y la demanda, así como las situaciones coyunturales de cada empresa, las que hacen variar el precio en función de los derechos que hay en el mercado en cada momento”.

Según el profesor salmantino, cada empresa puede negociar libremente con los derechos que se le han asignado, siempre y cuando deje constancia de los cambios en el registro oficial, sin embargo, ya están surgiendo empresas mediadoras que actúan como intermediarios en la compra y venta. 

Por último, Fernando Rodríguez matizó que “será en el periodo 2008-2012 cuando más afectadas se vean las empresas" y calcula que en Castilla y León el sector más afectado sea el de la cerámica y los ladrillos.

Certezas e incertidumbres

Aunque el protocolo de Kyoto ya se está aplicando en algunos casos, aún existen muchas incertidumbres respecto a su aplicación y esa es la razón que ha dado lugar a este curso de estío, según explica uno de los coordinadores, Iñigo Sanz Rubiales, “se trata de que los ciudadanos conozcamos cuales son los mecanismos de Kyoto, las obligaciones de España, qué es el mercado de emisiones y hasta qué punto los ciudadanos estamos obligados a reducir emisiones en nuestra vida diaria”. Sanz Rubiales matiza que Kioto prevé que los países desarrollados reduzcan sus emisiones a nivel global, lo que tiene un coste importante, de tal forma que hay un mercado de emisiones, en el que cada empresa recibe su cuota con la que puede comerciar o utilizarla. “De este modo, el límite global no se supera nunca y las empresas deben ser las que se regulen”, señala. En la actualidad, España supera las emisiones que le han sido asignadas en un 25% y será necesario realizar un reajuste para adaptarse que según el experto no tendrá lugar hasta el periodo 2008-2012, ya que las propias empresas no están preparadas para realizarlo y, según augura, “no lo harán realmente hasta que no sea obligatorio” y existan sanciones. Respecto a los sumideros de carbono, Iñigo Sanz señala que podrán ser una salida para las empresas, pero apunta que es un tema que aún no se ha regulado ni aprobado por la Unión Europea “por varios motivos, entre ellos el miedo a que la plantación de bosques en otros países no esté bien regulada y suponga que se hagan plantaciones de bosques no autóctonos o con especies modificadas genéticamente”. El curso continuará mañana jueves con la presencia del vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras Roca, y de algunos de los sectores más afectados por el acuerdo, entre los que destaca la empresa Endesa.