Cuatro empresas segovianas obtienen los Certificados de Implantaci贸n de Gesti贸n Forestal Sostenible
Rubén Gómez/DICYT La Consejería de Medio Ambiente ha otorgado a cuatro empresas de la provincia de Segovia los certificados de implantación de cadenas de custodia, acreditativos de la gestión forestal sostenible. En total, la Junta de Castilla y León ha entregado 33 certificados a empresas de toda la Comunidad Autónoma. Entre las empresas segovianas a las que se las ha otorgado este reconocimiento está Maderas Vicente Medel, de Veganzones, premiada con el Certificado del Grupo de Garantía Ponisoriaburgos. Los certificados individuales han recaído en las empresas Justo Herrero González, de Navafría; José Ramón Marinero, de Dehesa Mayor y Forestal Maderera Luis Cuesta, de Veganzones.
La certificación de las empresas garantiza una cadena de custodia que permite identificar la madera gestionada de forma sostenible y posibilita a los ciudadanos el acceso a productos de madera con la marca PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal), lo que contribuye al mantenimiento del valor del bosque no sólo como recurso sino también como soporte de biodiversidad.
La Consejería de Medio Ambiente lidera desde 2006 la implantación del proceso de certificación forestal. Castilla y León es la primera región en superficie forestal certificada de España, con más del 46% nacional (450.000 hectáreas). Este proceso se amplía ahora al ámbito empresarial. Hasta el momento, 33 empresas han obtenido la certificación que se otorga en el marco del sistema PEFC y otras 40 empresas podrían conseguirlo en el periodo 2008-2009.
Desde octubre de 2006, la Consejería de Medio Ambiente y la Mesa Intersectorial de la Madera colaboran para impulsar la certificación de la gestión forestal sostenible. En el marco empresarial, este acuerdo ha supuesto la concesión de subvenciones por un importe próximo a los 65.000 euros a pequeñas empresas del sector en la Comunidad (mayoritariamente del mundo rural como aserraderos, carpinterías, empresas de explotación forestal y similares) con el objetivo de que apuesten por la política de la calidad, por la informatización y por la mejora de sus procesos.
Actualmente, en España cuentan con este certificado 286 empresas. El grupo de Castilla y León destaca por su tamaño, pero asimismo, porque todas y cada una de las empresas ha optado por incorporar la informática en sus empresas, lo que supone un esfuerzo añadido y el sumarse a una importante línea de innovación en la gestión empresarial.
La Gestión Forestal Sostenible (GFS) se define, según la Conferencia Interministerial de Helsinki (1993) como “administración y uso de los bosques y los montes de manera y en tal medida que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas, sociales relevantes, a escala local, nacional y global, sin causar daño a otros ecosistema”. Así, el Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal (PEFC) es el sistema de certificación más utilizado en el mundo, por el que está acreditada la buena gestión de más de 200 millones de hectáreas, que representa aproximadamente dos tercios de la superficie mundial de bosques.
En España están certificadas más de 1 millón de hectáreas (1.048.000 ha) y 286 empresas, lo que representa el 0'5% de la superficie y el 6% de las empresas o grupos de empresas.
Gestión forestal sostenible en Castilla y León
Castilla y León ha logrado la Certificación Regional Forestal, que tiene como principal objetivo acreditar la calidad de la gestión que se lleva a cabo en los montes de la Comunidad. Una entidad independiente ha analizado la gestión de los montes realizada en Castilla y León, comparándola con los estándares de calidad internacionalmente aprobados, mediante el sistema PEFC.
Para conseguir la Certificación Forestal Regional, la Consejería de Medio Ambiente ha apostado por vertebrar todo el sector forestal regional: asociaciones de propietarios forestales, empresarios de la madera, promotores de bioenergía, empresas de trabajo forestales, técnicos de la administración regional… a través de la Mesa Intersectorial de la Madera, que es la entidad que formalmente solicita la evaluación.