El desarrollo de los postgrados universitarios irá más despacio que el catálogo de titulaciones

BGA/DICYT Los directores generales de Universidades de las comunidades autónomas se han encontrado hoy en Valladolid, en una de sus reuniones habituales, para ir tratando el modo en que se llevarán a cabo los cambios necesarios para el proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Entre los acuerdos adoptados en el día de hoy figura la determinación de llevar a cabo de una manera más lenta el desarrollo de los postgrados, con la finalidad de permitir que las nuevas titulaciones y su contenido estén completamente asentados y que estos estudios posteriores “se hagan en función de las necesidades detectadas”, aseguró el director general de Universidades de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos.

Este proceso de convergencia iniciado con el Tratado de Bolonia se comenzó a desarrollar en España hace algo más de un año y medio, y se espera que, como muy tarde, este mes de enero el Gobierno central dé ya con los reales decretos de grado y postgrado que permitirán el desarrollo del catálogo de titulaciones que se irán implantando paulatinamente a partir del curso 2007-2008.

Asimismo, en la mañana de hoy se acordó que a partir de ahora participen representantes de las comunidades autónomas en cada una de las cuatro comisiones de trabajo del Consejo de Coordinación Universitaria, en el que también se debe tratar aspectos de financiación universitaria. Según señaló Mateos, es necesario que exista una representación de las comunidades autónomas puesto que “participamos en una gran parte de la financiación de las universidades”, y señaló que es necesario analizar esta parte en la que también hay que tener en cuenta “los ingresos que las entidades tienen por su actividad investigadora”, ya que contribuye en gran medida a su sustento.

Así, los acuerdos de hoy establecen que en la comisión de Enseñanzas Técnicas participen Andalucía, Valencia y Cataluña; en la de Ciencias Experimentales y de la Salud será Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Baleares; en la de Ciencias Sociales y Jurídicas las comunidades serán Aragón, Canarias, País Vasco y Murcia, mientras que en la Comisión de Humanidades lo harán Asturias, Galicia, La Rioja y Navarra.