Ciencia España , Castilla y León, Jueves, 04 de marzo de 2010 a las 16:00

La Junta dedicará más de 1’3 millones a la contratación en prácticas de 103 investigadores

El personal trabajará en las cuatro universidades públicas y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

CGP/DICYT El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado en su sesión de hoy subvenciones por un importe de 1.382.300 euros para la contratación en las universidades públicas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de personal investigador en prácticas. En concreto, la Universidad de Burgos recibirá 37.500 euros para formalizar tres contratos; la Universidad de León 333.000 euros para 24 contratos; la Universidad de Salamanca 670.800 para incorporar 47 investigadores; la Universidad de Valladolid 286.700 euros para 25 contratos, y el CSIC 54.300 euros para realizar cuatro contratos. 

 

Según la información del Gobierno regional facilitada a DiCYT, estas aportaciones se enmarcan en el Estatuto del Personal Investigador de Formación y permiten que los docentes reciban una retribución anual que asciende a 15.400 euros brutos, al margen de las cuotas empresariales devengadas por la Seguridad Social. Para optar a un contrato en prácticas como investigador, los aspirantes deberán haber finalizado los 24 primeros meses desde su incorporación como becarios y haber obtenido el diploma de Estudios Avanzados.

 

Estos programas de investigación se realizan a través de un departamento o instituto universitario, un centro o instituto dependiente del CSIC, un centro tecnológico inscrito en el Libro de Registro de Centros de Innovación Tecnológica o un hospital público que cuente con Comisión de Investigación.

Tras los primeros dos años como becarios, el personal investigador en formación debe formalizar un contrato de trabajo en prácticas con el organismo correspondiente y la consejería de Educación tiene la responsabilidad de abonar a estos organismos la cantidad global de ayuda correspondiente al salario y el coste de la Seguridad Social.

Asimismo, el Estatuto del Personal Investigador en Formación configura un sistema obligatorio para todos los programas de ayudas que tengan por objetivo la formación de investigadores y, finalmente, la obtención del título universitario de doctor.