"Las universidades tienen una obligación desde el punto de vista moral de patentar sus invenciones"

Antonio Martín/DICYT Unas 150 investigadores y docentes de la Universidad de León participaron hoy en una jornada técnica sobre la formulación de patentes, un acto organizado por la Fundación General de la Universidad de León que forma parte del proyecto de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (T-CUE), de la Junta de Castilla y León. En la actividad, el director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona, Pascual Segura, incidió en la necesidad que tienen los investigadores públicos de proteger sus invenciones para transferir los conocimientos generados al mundo empresarial y mostró los principales errores que los científicos noveles comenten e impiden proteger sus resultados de investigación. El principal fallo es publicar los resultados en artículos y conferencias antes de solicitar la protección de los mismos.

Según los datos proporcionados por Segura a DiCYT, en España se realizan anualmente unas 10.000 solicitudes de patentes al año bajo el modelo español, de las que finalmente consiguen la protección en forma de patente o modelo de utilidad unas 6.000. Con el modelo de patente europea, los extranjeros protegen en España unas 20.000 invenciones. Estas cifras se mantienen estable desde hace unos años, aunque en la última década se ha producido un movimiento significativo. En la actualidad, de esas 6.000 solicitudes de patentes, 1.200 aproximadamente tratan de proteger también la invención en el extranjero. Hace una década eran unas 200. Las solicitudes se dividen casi a la mitad entre patentes y modelos de utilidad.

La mayor parte de las solicitudes patentes, según los datos que maneja este experto del quinquenio 2002-06 proceden de Cataluña, con un fuerte tejido empresarial en los sectores químico y farmacéutico. Son una de cada tres patentes o modelos de utilidad (concretamente el 35'1%). Le sigue en la clasificación la Comunidad Autónoma de Madrid, con 18'1% (muchas empresas tienen su sede en la capital, aunque luego desarrollen su actividad en otros lugares); País Vasco, con 12'1% debido a su importante tejido empresarial metalúrgico y la Comunidad Valenciana, con 8'9%. Castilla y León proporciona una de cada veinte solicitudes, el 5'2% del total.

Jornada en León

Segura recordó a los investigadores de la Universidad de León (en su mayoría procedentes de las Facultades de Biológicas y Ambientales y Veterinaria), "la importancia de las distintas modalidades de propiedad intelectual y los principales derechos: la patente, la marca y el diseño". En este sentido, el especialista, única profesor en España que da clases sobre la redacción de los formularios de patentes, recordó que "en el pasado, las patentes estaban mal vistas en el entorno universitario por su vinculación al lucro". "Esta discusión está superada", incidió. En este sentido recordó que "si se publican unos resultados y no se patentan, se destruye la investigación desde el punto de vista industrial", por lo que "el mensaje es que las universidades tienen una obligación moral de patentar sus invenciones". El resultado para las instituciones públicas es, además de una posible fuente de beneficios, la potenciación de la transferencia del conocimiento a las empresas.

El principal error que comenten los investigadores, a juicio de este especialista, es "publicar antes de formalizar la primera solicitud de patente", y atribuye este fallo al "desconocimiento" de este tipo de procesos. Por ese motivo, Segura recomienda a los investigadores que deseen patentar "primero saber si su invención es nueva a nivel mundial; segundo, no hacer ninguna divulgación; y tercero, buscar ayuda a través de las OTRI" (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación). Segura recuerda que "prácticamente se puede patentar todo", tanto resultados como métodos, pero debe cumplir las siguientes premisas: ser novedad mundial, que el invento no sea resultado de un método obvio para un experto (la actividad inventiva), y con una aplicabilidad industrial.

El especialista recomienda que la redacción de las solicitudes de patentes debe realizarse entre inventores y expertos en patentes, profesionales que por sus altas retribuciones son difíciles de encontrar en las OTRI. "Las universidades deben rascarse el bolsillo con estos asuntos", expuso gráficamente. La redacción de este tipo de documentos suele tener un coste de entre 3.000 y 6.000 euros. No obstante, debido a que hay una serie de periodos de tiempo que los investigadores deben cumplir, es posible que se tengan que publicar los resultados en foros científicos mientras se dura la primera solicitud de patente (unos treinta meses, de forma práctica). "Es bastante normal que esto suceda, pero hay que tener en cuenta que este tipo de documentos son como billetes de lotería, y ya se sabe que si no se juega, no toca".

Los asistentes a la jornada mostraron, según expuso Segura, "sorpresa" ante el perjuicio que causa publicar sus propios resultados de investigación a la hora de protegerlas con patentes y se encontraron "perdidos por ciertas ideas preconcebidas, como, por ejemplo, no conocer que la patente es un derecho negativo para que otros no puedan explotar tus invenciones". En este sentido, el experto lamenta que se produzcan debates "bizantinos" sobre el uso de las patentes y puso como ejemplo la reciente creación de vida sintética, por parte del estadounidense Craig Venter. "Que se patente este desarrollo es irrelevante, lo que realmente importa es el control administrativo y judicial. Con su patente, Venter sólo podrá impedir que nadie más realice el mismo proceso, pero no la conveniencia o no de este tipo de formas de vida".