“Si no se protege la inversión en I+D, no hay desarrollo tecnológico”

José Pichel Andrés/DICYT El profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca Juan Francisco Ortega ha logrado una de las 11 becas Premio Carlos V concedidas por la Fundación Europea Academia Yuste entre 121 candidatos, gracias a una investigación que está llevando a cabo acerca de la legislación de la Unión Europea en materia de transferencia tecnológica. Los estudios de este profesor canario revelan la existencia de problemas jurídicos en casos concretos que dejan desprotegida la inversión de las empresas en I+D, algo fundamental, en su opinión, para incentivar el desarrollo tecnológico.

-Los expertos coinciden en que uno de los grandes problemas que tiene en España la investigación y el desarrollo es la transferencia tecnológica...

-Fomentar la transferencia tecnológia y establecer criterios claros es una necesidad evidente. Si no hay una protección de la inversión en investigación muy difícilmente se va desarrollar ésta. Aunque el Estado ofrezca un apoyo económico, en el paso de la Universidad a la empresa surgen muchos problemas y justamente ahí está el centro de mi investigación. Cuando un grupo científico universitario suscribe un convenio con una empresa, las cuestiones son si es posible proteger los resultados con una patente o no, cómo se pueden transferir a la empresa esos resultados en caso de que no pueda ser objeto de patente y cómo puede tener la empresa la seguridad de que únicamente se le transfieren a ella y no al resto. Si yo realizo una inversión de millones de euros y mis competidores acceden a la misma información, lo que haré la próxima vez será no invertir, o investigaré formando mi propio grupo dentro de la empresa. El mensaje claro es que la inversión en investigación debe ser protegida, porque si no hay protección de la inversión, no hay desarrollo tecnológico.

-¿Pero es rentable para las empresas?

-Está demostrado que el euro invertido en I+D es el que más resultado da a medio plazo, porque es lo que da lugar a productos de valor añadido. Un ejemplo muy claro de esto es el caso de un país como Venezuela en comparación con Japón. Venezuela es muy rico en recursos naturales, pero su industria apenas tiene valor agregado ni tecnología. Sin embargo, Japón no tiene materias primas, pero sí tecnología, porque ha invertido mucho en ella y protege esa inversión, de manera que crea productos de un altísimo valor añadido.

-Precisamente, está de actualidad la patente rota por el gobierno de Brasil en relación a un fármaco, el AZT...

-El caso de Brasil con este antiviral del sida es un supuesto extremo. Nos encontramos con un país con un alto número de enfermos que no pueden acceder a ese medicamento y la titular de la patente tampoco permite que nadie lo fabrique. Lo que ha hecho el gobierno de Lula ha sido vulnerar la patente, dejarla sin protección. Lo que debería haber hecho es acudir al sistema de licencias obligatorias, que es una figura prevista en la legislación internacional de patentes, de forma que obligaría a la empresa a que laboratorios brasileños pudieran fabricar ese medicamento para hacerlo accesible a la población. En cualquier caso, es un asunto muy controvertido, pues ha habido problemas también en Sudán y la India, donde Brasil va a comprar el genérico que sustituirá al AZT, un país que sí tiene la capacidad tecnológica para fabricarlo. En Brasil seguro que también habría compañías con esa capacidad, pero en el caso de que no la hubiese, no le quedaría más remedio que hacer lo que ha hecho, porque en último término está claro que no se puede dejar morir a parte de la población.

-Volviendo a su investigación, ¿qué falla en España y en Europa en cuanto a transferencia tecnológica?

-En primer lugar, que la transferencia de tecnología no tiene una regulación expresa. Hay normas que establen una regulación en cuanto a patentes universitarias, por ejemplo. Sin embargo, hay sectores donde casi nos encontramos en el desierto. El problema se puede plantear cuando el resultado de una investigación no se puede proteger por patentes ni derechos exclusivos pero es muy valioso. La cuestión es si los investigadores tienen el deber de guardar el secreto y cómo se asegura la empresa de que los competidores no tendrán acceso al resultado.

-¿Existen grandes diferencias entre la legislación europea y la de Estados Unidos?

-La gran diferencia es que en Estados Unidos tienen mucha más experiencia porque se ha invertido en investigación mucho más desde hace tiempo. Estos asuntos se solventan allí en gran medida con soluciones contractuales como contratos de confidencialidad. Además, las universidades se autorregulan, porque tienen una concepción de sí mismas como empresa, mientras que aquí es un servicio público. Sin embargo, en cuanto a legislación concreta no existen grandes diferencias.

-A raíz de su investigación, ¿tiene ya alguna propuesta?

-En primer lugar, la creación de una legislación razonable. Y en segundo lugar, habría que realizar un examen de los supuestos y de los problemas en materia de transferencia de tecnología en el ámbito de la Universidad a la empresa, porque esa colaboración es una exigencia propia del mercado y de la situación actual de la Universidad. Para las empresas, es un paso más en el proceso de externalización de sus necesidades.