Una nueva regla del Código Forestal de Brasil aumenta el riesgo de que se incremente el desmonte en la Amazonia

AGENCIA FAPESP/DICYT – Alrededor de 15 millones de hectáreas de selva tropical en la Amazonia corren el riesgo de perder su protección y quedar sujetas al desmonte en razón de un artículo del nuevo Código Forestal de Brasil.

Ésta fue la advertencia que realizaron científicos brasileños de la Escuela de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidad de São Paulo (Esalq-USP) e investigadores suecos de la KTH Royal Institute of Technology y de la Chalmers University of Technology, en un artículo publicado en la revista Nature Sustainability. Este estudio es el resultado de un proyecto que contó con el apoyo de la FAPESP, Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de São Paulo.

“Aproximadamente, y en cifras, son 15 millones de hectáreas que pueden quedar desprotegidas a causa de esa regla presente en el nuevo Código Forestal, que equivalen a todo el déficit de reservas legales que deben compensarse o restaurarse en Brasil. Y esa extensión está cubierta fundamentalmente por selva tropical,”, declaró Gerd Sparovek, docente de la Esalq-USP y uno de los autores del estudio.

“La eventual pérdida de esas áreas a manos de actividades agrícolas puede anular los esfuerzos tendientes a la regularización de las reservas legales en Brasil y resultar en enormes pérdidas de biodiversidad, comprometer servicios ambientales valiosos para la sociedad –como en el caso del suministro de agua – y hacer que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero”, dijo Sparovek.

El investigador explica que el antiguo Código Forestal de Brasil, vigente hasta 2012, establecía que los propietarios de tierras privadas, situadas en los estados ubicados en la región amazónica, podían utilizar hasta un 20% de las mismas y conservar el 80% restante en carácter de reservas legales destinadas a la preservación de la naturaleza.

En el nuevo Código Forestal, revisado en 2012, figura el nuevo artículo 15, inciso 5, insertado a pedido del estado de Amapá, que permite que los estados amazónicos reduzcan ese requisito de reserva legal de un 80% a un 50% si más del 65% de sus territorios se encontrasen protegidos por unidades de conservación o tierras indígenas.

De ponerse en práctica dicho artículo, entre 7 y 15 millones de hectáreas de territorios selváticos quedarían desprotegidas y sujetas a la deforestación legal. Sucede que otros estados de la región como Amazonas, Roraima y Acre cuentan con alrededor de 80 millones de hectáreas de tierras públicas aún no caracterizadas legalmente.

El eventual destino de esas áreas públicas para formar unidades de conservación o tierras indígenas también puede permitirles a esos estados disminuir la protección de propiedades privadas. Así se abrirían grandes áreas a la deforestación legal y a la expansión agrícola, según consignan los investigadores.

“La remoción de la protección legal no significa automáticamente que esos bosques serán deforestados. Pero es importante prestarle atención al contexto político actual, que sugiere un debilitamiento de los mecanismos de prevención del desmonte”, dijo Flávio Luiz Mazzaro de Freitas, doctorando en el KTH Royal Institute of Technology y primer autor del estudio.

Modelado de escenarios

Los investigadores evaluaron los posibles impactos de la reducción de la exigencia de reserva legal del 80% al 50% en la protección de áreas de bosques situadas en tierras públicas y privadas de la Amazonia mediante la utilización de una base georreferenciada de la malla brasileña de tierras.

Dicha malla abarca todo el territorio nacional y combina bases de datos oficiales como las de las áreas protegidas nacionales y de los estados –áreas de conservación, tierras indígenas y militares–, aparte de las bases de inmuebles y de asentamientos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) de Brasil y los polígonos de inmuebles del Catastro Ambiental Rural (CAR).

Con esa base georreferenciada hospedada en el clúster computacional Euler, del Centro de Ciencias Matemáticas Aplicadas a la Industria (CeMEAI) –uno de los Centros de Investigación, Innovación y Difusión (CEPIDs) que cuentan con el apoyo de la FAPESP –, los científicos modelaron la implementación del artículo 12, inciso 5 del nuevo Código Forestal en dos escenarios distintos de destinación de tierras actualmente no caracterizadas legalmente en la región amazónica.

En el primer escenario, más conservador, la protección de la naturaleza tendría una prioridad alta. En el segundo, que sería el peor, el nuevo artículo sería implementado plenamente.

Se cuantificó el potencial de reducción de la protección forestal en esas dos situaciones. También se evaluaron los riesgos de conversión legal de tierras entonces desprotegidas con respecto a su uso agrícola mediante medidas de adecuación, además de los potenciales impactos de esa conversión de tierras en términos de emisiones de carbono y de protección de la biodiversidad.

Los análisis de los datos indicaron que en ambos escenarios los estados de Amapá, Roraima y Amazonas calificaron para reducir sus reservas legales en tierras privadas.

En la situación más conservadora, el 97% del territorio no destinado de los estados de Amazonas y de Amapá quedaría caracterizado en el marco de unidades de conservación o tierras indígenas. En ese escenario, el nuevo artículo del Código Forestal eliminaría la protección de 6,5 millones de hectáreas de selva preservada: 4,6 millones de hectáreas en Amazonas, 1,4 millones de hectáreas en Roraima y medio millón de hectáreas en Amapá. Y cuando las unidades de conservación y las tierras indígenas dentro de esos estados llegasen al límite del 65% y se implementase la nueva regla del Código Forestal, el área de selva desprotegida se duplicaría con creces.

Los investigadores también estimaron que en el escenario más conservador, alrededor de la mitad de las extensiones de bosques que pasarían a quedar desprotegidas (3,14 millones de hectáreas) se ubicaría en propiedades rurales registradas, 1,9 millones de hectáreas en asentamientos y 600 millones de hectáreas en terrenos que deben intitularse.

En la peor situación, la mayor parte de la reducción se concretaría en territorios actualmente no caracterizados legalmente, donde las propiedades con titularidad tendrían sus reservas legales reducidas más de 8 millones de hectáreas, según previeron.

“La creación de unidades de conservación, de protección de la naturaleza o de tierras indígenas en esos estados puede resultar en un efecto secundario que es el aumentar la posibilidad de expandir el desmonte. Es algo esquizofrénico”, dijo Sparovek.

Los investigadores sugieren que medidas legales adoptadas en el marco del Programa de Regularización Ambiental (PRA) de los estados pueden ayudar a reducir el riesgo de deforestación extensiva.

Motivos económicos también pueden colaborar para reducir los riesgos de deforestación, ya que existe un fuerte compromiso internacional para evitar la compra de productos originarios de zonas de desmonte. Las exportaciones agrícolas brasileñas pueden verse fuertemente afectadas en caso de que se produzca un aumento de la deforestación en la región amazónica, advierten.

“Esperamos que las constataciones realizadas en el marco de este estudio aporten claridad acerca de la posibilidad de un incremento de la deforestación legal en la Amazonia y contribuyan para la elaboración de acciones y estrategias públicas y privadas tendientes a mitigar los posibles daños ambientales y sociales de este proceso”, dijo Mazzaro de Freitas.

Puede leerse el artículo intitulado Potential increase of legal deforestation in Brazilian Amazon after Forest Act revision (doi: 10.1038/s41893-018-0171-4), de Flavio L. M. Freitas, Gerd Sparovek, Göran Berndes, U. Martin Persson, Oskar Englund, Alberto Barretto y Ulla Mörtberg, en la revista Nature Sustainability, en el siguiente enlace: www.nature.com/articles/s41893-018-0171-4.

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