Vitartis pondrá en marcha el primer plan de Compra Pública de Tecnología Innovadora en la región
CGP/DICYT Vitartis (Agrupación Empresarial Innovadora de Biotecnología Agroalimentaria de Castilla y León) diseñará una estrategia para la implementación de Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) en el sector de biotecnología agroalimentaria en la región. El nuevo proyecto, que ha sido concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, permitirá a Vitartis elaborar un documento de análisis de la situación actual, propuestas y recomendaciones orientado a conseguir la puesta en marcha efectiva de la CPTI.
Según la información de la Agrupación recogida por DiCYT, esta “hoja de ruta” se completará con la identificación de proyectos que consigan la implicación de las partes y que darán lugar a la Primera Compra Pública de Tecnología Innovadora de este sector en Castilla y León.
Asimismo, se desarrollarán otros objetivos como la revisión y mejora del catálogo de servicios y productos de la industria biotecnológica y alimentaria de la Junta de Castilla y León; y la celebración de varias mesas de trabajo con el fin de difundir y sensibilizar a las empresas sobre las oportunidades de negocio que se abren con la CPTI y la identificación de proyectos piloto con empresas ofertantes.
Como ha apuntado Carlos Moro, presidente de Vitartis, “la CPTI es una oportunidad real no sólo para potenciar el sector biotecnológico como motor de innovación de la región, sino que es una fuente de creación de empleo altamente cualificado”. Para la agrupación empresarial, la CPTI es un paso más en la contribución a sus asociados, al mismo tiempo que promueve políticas públicas de impulso a la innovación en el sector agroalimentario de la región. Las CPTI actúan con una doble finalidad, por un lado dotar a las administraciones de soluciones eficaces para prestar mejores servicios y fomentar la innovación tecnológica en el contexto de los clusters empresariales.
Impulso a la innovación
La Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI), regulada por la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público e impulsada por el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, permite a una entidad pública la adquisición de un producto, sistema o servicio innovador, así como desarrollar nuevos productos y servicios para cubrir necesidades funcionales que aporten soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.
Este concepto se asienta en tres cuestiones fundamentales: la inexistencia de productos o servicios de mercado que cumplan con los requisitos demandados por el comprador, la imperiosa necesidad de que el adjudicatario realice actividades de I+D para materializar el producto solicitado y la inevitable dilación en el tiempo antes de que el comprador pueda recibir el objeto comprado. Estas cuestiones derivan en una serie de exigencias y de oportunidades de las que se puede decir, por tanto, que son inherentes a la CPTI.
Este proyecto se enmarca dentro de las políticas públicas diseñadas para el fomento de la I+D+i y orientadas a la capacidad de actuar sobre la innovación desde el punto de vista de la demanda de las Administraciones públicas. En este sentido, Carlos Moro destaca que “la licitación pública supone el 13 por ciento del PIB y, por consiguiente, esta demanda pública debe comprometerse con el objetivo de fomentar la innovación”. Del mismo modo, señala que las CPTI se convierten así “en un gran incentivo de innovación para las empresas ya que la Administración constituye una primera demanda comercial”.