41 organismos de investigación y empresas de Castilla y León resultaron beneficiados por el programa Innpacto

Antonio Martín/DICYT Castilla y León cuenta con un total de 41 beneficiarios en Innpacto, un subprograma del Ministerio de Ciencia e Innovación cuyo objetivo es propiciar la creación de proyectos en cooperación entre organismos de investigación y empresas para la realización conjunta de proyectos de I+D+i que ayuden a potenciar la actividad innovadora, movilicen la inversión privada, generen empleo y mejoren la balanza tecnológica del país. Representantes del Micinn presentaron hoy en Burgos varias líneas de financiación a iniciativas de colaboración entre la Universidad y la empresa, en el marco del Proyecto T-CUE autonómico.

Según informó a DiCYT Bárbara Fernández-Revuelta, jefa de área de Cooperación Intersectorial Subdirección General de Estrategias de Colaboración Público-Privada del Micinn, Castilla y León es la cuarta comunidad que ha obtenido financiación en el subprograma Innpacto, por detrás de Madrid, Cataluña y País Vasco. "Son datos muy interesantes para la comunidad autónoma", resaltó. Castilla y León cuenta con 41 beneficiarios entre los que hay empresas privadas, organismos públicos de investigación, universidades privadas, centros tecnológicos y fundaciones, entre otras organizaciones. Un total de 24 beneficiarios de estas líneas de financiación proceden del ámbito público, mientras que el resto llega del sector privado. Por parte de Burgos, hay representadas tres empresas privadas. En el conjunto nacional, la Administración nacional ha subvencionado 193 proyectos en un periodo que se abrió en 2010 y concluye en 2013. Exiten 740 beneficiarios en todo el país, que reciben un total de 353 millones de euros para su financiación. A Castilla y León le corresponde casi una décima parte de este reparto, cuyos proyectos reciben entre 25 y 30 millones, según estima Fernández-Revuelta.

La convocatoria Innpacto financia proyectos en cooperación público-privada entre organismos de investigación y empresas, para la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) orientados hacia productos explotables basados en la demanda. Con estos proyectos se pretende crear empresas innovadoras, orientar la actividad de empresas ya existentes hacia la actividad innovadora, movilizar la inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del país.

"Estos proyectos de innovación están enfocados a productos que se dirigen a un mercado, el paso previo a su comercialización", explica Fernández-Revuelta. Por este motivo, la financiación para las empresas difiere de la de los organismos públicos de investigación. En primer lugar, el ministerio exige que en la colaboración público-privada haya un porcentaje de al menos un 60% de presencia empresarial. En segundo lugar, a estas compañías se les conceden préstamos, por las subvenciones directas a los organismos públicos de investigación. Los préstamos suelen ser muy beneficiosos para las empresas. "En 2010, se aprobaron con interés cero y once años de amortización", explica la técnico ministerial. Para los centros tecnológicos se contempla una financiación mixta.

Beatriz Fernández-Revuelta indica que la próxima convocatoria para Innpacto está prevista "para finales de enero" e informa que la cantidad a financiar "se incrementa un 16% respecto a 2010" con un montante total de 961 millones de euros para el periodo 2011-2014. Aún no está establecida la fórmula para los préstamos a la empresa, pero la experta cree que no variará de la adotada en la anterior convocatoria. En 2011 se potenciarán por parte de la Administración dos sectores estratégicos, el de la salud y el de energía, con una dotación de 200 millones de euros cada uno.

Presentación de proyectos

En el taller organizado por la OTRI de la Universidad de Burgos en el marco de la Estrategia Regional de Transferencia Universidad-Empresa (T-CUE), el consejero técnico-científico de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) Julio Bravo informó sobre la elaboración exitosa de una propuesta a presentar en convocatorias públicas que financian proyectos de I+D+i a nivel nacional. Este tipo de convocatorias requiere del conocimiento de una serie de claves y pautas.

Bravo indicó a DiCYT que "la ANEP actualmente evalúa en torno a 25.000 documentos" de diferentes convocatorias al año. "Consideramos que para obtener un buen resultado, es imprescindible conocer el sistema de evaluación". El especialista recomienda a los investigadores que acuden a este tipo de financiación que, de forma general "revisen la documentación, vean a qué opciones se puedan presentar, conozcan el proceso con más profundidad". "Siempre se ha pensado que la concesión de una subvención es una zona obscura en la que no se sabía muy bien lo que ocurría, este tipo de conferencias sirve para esclarecer los procesos", explicó.

El especialista informó que el Plan Nacional de I+D+i es "un conjunto de convocatorias en las que el ministerio regula cuáles son los objetivos a financiar" para el desarrollo científico y tecnológico del país. Para la convocatoria de 2011, la Administración central cuenta con 385 millones de euros, para proyectos de tres años. Se pueden presentar a ellos, según indicó Bravo, dos perfiles de investigadores: jóvenes de hasta 40 años en el primer proyecto que dirigen y el colectivo convencional, configurado por investigadores más veteranos, con más de un proyecto presentado, ambos de organismos públicos de investigación.

Julio Bravo indicó que los criterios de la ANEP a la hora de evaluar los proyectos presentados se basan en las siguientes pautas: "Méritos científico-técnicos, oportunidad del proyecto, novedad, relevancia, calidad científico-técnica y viabilidad". Existen en la actualidad unos 30.000 evaluadores que forma parte de la agencia estatal, a los que la ANEP remite vía telemática los proyectos de forma anónima para su evaluación. Cada proyecto es estudiado por dos evaluadores. Un total de 70 evaluadores proceden de la Universidad de Burgos.