El programa de teleasistencia para mujeres maltratadas combina los sistemas GPS y GSM
MJF/DICYT El programa de teleasistencia móvil para víctimas de la violencia de género al que se han adscrito la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de León combina los sistemas GPS y GSM de telefonía móvil, que permiten la localización geográfica de la llamada realizada por la víctima con gran precisión y poder acceder al sonido del entorno del teléfono en el caso de que la víctima no pueda hablar a través del mismo.
El sistema, que se encuentra operativo desde ayer martes, contempla el desvío de la llamada de alarma en un período de tiempo de tan sólo 10 segundos a una central telefónica situada en Madrid, desde donde se avisa a las Fuerzas de Seguridad para proceder a la intervención. Así lo ha explicado la coordinadora provincial de Cruz Roja, empresa adjudicataria del servicio, Maite Arias, quien precisa que el sistema GPS permite la localización geográfica de la llamada con un margen de error de 10 metros, mientras que el GSM ofrece la recepción de los sonidos. Esta última prestación se convierte en fundamental en los casos en los que la víctima se encuentre en peligro y no pueda hablar.
Una vez recibida la llamada de emergencia, el dispositivo produce una vibración en el móvil utilizado por la víctima para que sepa que su aviso ha sido atendido. La central de llamadas instalada en Madrid permanecerá operativa las 24 horas durante los 365 días del año. Este sistema permite, según Maite Arias, "que la víctima de malos tratos pueda permanecer en su domicilio habitual con un mayor grado de seguridad".
La prestación del servicio está sujeto a un convenio firmado entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha sido ofertado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. A él se han adscrito los tres ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia leonesa como son, además del de la capital, los de Ponferrada y San Andrés de Rabanedo. Del mismo modo, la Diputación Provincial es la otra institución que se ha adherido al convenio, que establece como requisito obligatorio que las beneficiarias cuenten con una orden de protección.