Galicia y Castilla y León prevén colaborar en el plano tecnológico a través de sus centros de supercomputación
CGP/DICYT José Antonio de Santiago-Juárez y Alfonso Rueda, consejeros de presidencia de Castilla y León y Galicia, respectivamente, han anunciado hoy que ambas comunidades colaborarán en el plano tecnológico a través de sus centros de supercomputación. Éste es uno de los aspectos que recogerá el protocolo que suscribirán de forma “inminente” las dos regiones, tal y como han destacado. Según el Gobierno autonómico, la existencia de centros de supercomputación tanto en Galicia como en Castilla y León, donde recientemente se ha inaugurado el superordenador Caléndula, constituye una oportunidad para avanzar en el terreno de las nuevas tecnologías y la innovación, un aspecto que el protocolo tendrá “muy presente”.
El pasado 30 de octubre Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, inauguró las instalaciones del Centro de Supercomputación, ubicado en León, que alberga el segundo superordenador más potente de España. Con una capacidad de 35 teraflops (esto es, 35 billones de operaciones por segundo), el superordenador cuenta con 2.800 núcleos de apoyo, 340 nodos o máquinas individuales y 150 terabytes de capacidad de almacenamiento. El Centro de Supercomputación es una importante herramienta para los grupos de investigación científica, no sólo los relacionados con la informática, sino los de cualquier otro campo que deseen optimizar sus resultados, además de ser un foco de atracción para empresas de base tecnológica de otras comunidades autónomas.
Durante el encuentro mantenido entre los dos consejeros se acordó además la “alianza estratégica ” entre la industria de los fabricantes de automóviles y la de los componentes, dada la importancia que este sector tiene para las dos comunidades. Junto este asunto, se prestó atención a la actividad minera, para concretar un apoyo conjunto de los dos ejecutivos en el sector de la pizarra.
Por otro lado, se reforzará la colaboración en materia sanitaria, educativa y en las cuestiones relacionadas con los servicios sociales, como la dependencia o la atención a las víctimas de violencia de género. En materia sanitaria el Protocolo quiere mejorar la atención de los pacientes que residen en localidades limítrofes de las provincias de León y Zamora, de modo que puedan tener acceso a los recursos más adecuados con independencia de la comunidad en la que residan.