Castilla y León dispone de derechos para emitir más de 48 millones de toneladas de CO2 hasta el 2007

Beatriz G. Amandi/DICYT El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión para el periodo 2005-2007 ha otorgado a Castilla y León la posibilidad de emitir a la atmósfera hasta 48.026.551 toneladas de dióxido de carbono (CO2), repartidas entre las 62 instalaciones y empresas de la comunidad. La provincia de León es la que se lleva la parte más cuantiosa, con derechos sobre 34.118.267 toneladas de emisiones, seguida de Palencia, con 8.174.349 toneladas y Burgos con 2.653.326 toneladas.

El resto de las provincias dispondrán de derechos de emisión en menor cantidad. En el caso de Valladolid se han concedido derechos por 857.376 toneladas de dióxido de carbono; le sigue la procincia de Segovia con 761.820 toneladas; Soria (675.022 toneladas); Salamanca (402.520); Zamora (353.712) y en Ávila con 30.159 toneladas de CO2. Dichas cuotas se dividen, a su vez, por cada una de las industrias e instalaciones emisoras de dióxido de carbono en cada provincia.

León es la provincia con más empresas e instalaciones productoras de CO2, según los datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente, ya que cuenta con 16 empresas con derechos de emisión de gases invernadero: De ellas, nueve son industrias del carbón. Le siguen la provincia de Burgos, con 12 empresas; Segovia (nueve); Palencia (seis); Valladolid y Zamora con cinco cada una; Soria y Salamanca ambas también con cuatro cada una y, finalmente, Ávila donde sólo una empresa de tejas y ladrillos ha solicitado y obtenido derechos de emisión de dióxido de carbono. En total son 62 empresas e instalaciones.

Los derechos de emisión se han otorgado en función de las industrias que hay en cada provincia y de las previsiones de emisión para los próximos años, que están establecidas de modo que no puedan superar en más de un 15% las emisiones realizadas en el año 1990, que se ha tomado como referencia. Estos derechos son resultado de la firma de por parte de España del Protocolo de Kyoto, cuya finalidad es conseguir reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera para evitar el calentamiento global de la Tierra.

En este sentido, la mayor parte de los derechos otorgados a Castilla y León se han concedido a la industria del carbón, que está previsto que emita a la atmósfera en este período más de 34 millones de toneladas de dióxido de carbono. Otra parte importante se la ha llevado la industria cementera, para la que se han concedido derechos para emitir 6.361.245 toneladas, seguida de empresas dedicadas a la cogeneración eléctrica, con 4.319.366 toneladas. Los otros sectores afectados por el protocolo en la comunidad son las fábricas de ladrillos y tejas, las de papel y las de vidrio, que han obtenido derechos para emitir 1.216.272, 772.662 y 715.110 toneladas, respectivamente. 

Compra y venta de derechos

Este listado definitivo supone el punto de partida de un mercado de compra y venta de derechos de emisión, operativo desde el uno de enero de 2005. Esto significa que, a partir de ahora, las empresas que emitan más de lo previsto deban comprar derechos para compensar su desfase, o bien pagar elevadas multas por no ajustarse a lo comprometido. Por otra parte, las empresas que consigan reducir sus emisiones y contaminen por debajo de su cuota establecida, podrán vender sus derechos a otras empresas, obteniendo beneficios económicos con ello.

Este mercado ya está regulado por el Estado español, y depende directamente del mercado mundial de derechos establecido por el protocolo de Kyoto. Según han señalado a DICYT fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, se ha creado un registro en el que figuran todos los datos relativos a los derechos obtenidos, los utilizados y los sobrantes, de modo que ahí debe quedar reflejado cualquier intercambio, compra o venta, que se realice entre empresas.

Las mismas fuentes han indicado que no existe un precio de partida establecido para la transacción de derechos, puesto que dependerá de la oferta y la demanda que se vaya creando a medida que avance el tiempo y se conozca el nivel de cumplimiento por parte de las empresas. No obstante, se baraja como posibilidad que el coste de la tonelada de dióxido de carbono emitida ronde el precio de cinco euros.

El protocolo, sin embargo, establece ciertos mecanismos de flexibilidad para los países que sobrepasen los derechos establecidos. Entre estos mecanismos figura la cuantificación de los bosques como elementos que absorben el dióxido de carbono y reducen por tanto el efecto de las emisiones. Este apartado aún no está desarrollado, al igual que tampoco lo está el apartado relativo a las emisiones realizadas por actividades como la agricultura, el transporte o las calefacciones. Tal y como habn señalado fuentes del Ministerio de Medio Ambiente a DICYT, se trata de apartado que deberán ser desarrollados próximamente y que estarán en vigor, como muy tarde, en el año 2012.

La cuantificación de las hectáreas de bosque como elementos de absorción de dióxido de carbono será importante para Castilla y León ya que dispone de una amplia masa forestal, calculada por Facyle (Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León), en el 52% de su territorio.

Plazo hasta el 2010

La fecha definitiva de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto es el año 2010. Antes de que llegue ese momento, España deberá reducir sus emisiones de manera drástica, ya que en la actualidad supera en un 40% las emisiones del año 1990, tomadas como referencia, y no debería de hacerlo en más de un 15% dentro de cinco años. Para ello, deberán desarrollar en los próximos años diferentes normativas y acuerdos para reducir los gases invernadero emitidos.