"Ya no se puede decir que la ciudadanía es irrelevante para definir las políticas científicas"
JPA/DICYT Luis Sanz Menéndez, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha reflexionado hoy en Salamanca sobre el apoyo de los ciudadanos a las políticas de ciencia y tecnología. Hace unas algunas décadas sólo un pequeña parte de la población interesaba en estas cuestiones determinaba las políticas, mientras que en la actualidad hay una mayor influencia del conjunto de la ciudadanía a pesar de que la asignación de los recursos no está relacionada con la percepción pública.
El experto del CSIC ha intervenido esta mañana en un seminario de investigación organizado por el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (eCyT) de la Universidad de Salamanca para explicar los sistemas de recogida de información basados en encuestas de opinión pública. La última gran consulta fue la 'Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología' que realizó la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) en 2010 y que mostraba cómo los ciudadanos, en plena crisis, aumentaban su interés por la ciencia y se mostraban partidarios de incrementar su financiación.
En este tipo de encuestas se pregunta a los ciudadanos "en qué medida consideran que se gasta mucho, lo justo o poco en ciencia y tecnología o si están a favor o en contra de los recortes", señala el investigador. Ante este tipo de cuestiones, hay que tener en cuenta que "los ciudadanos tienen un desajuste en el balance fiscal", asegura el experto, en el sentido de que "apoyan más políticas de las que están dispuestos a financiar". Por eso, las encuestan han de completarse con preguntas sobre preferencia de gasto público enfrentan al interrogado ante al dilema de elegir entre carreteras, ciencia o seguridad, por ejemplo.
Aunque es complicado definir un perfil de ciudadano que apoya las políticas sobre ciencia, hay una correlación entre algunas variables, por ejemplo, "a mayor nivel educativo, los ciudadanos eligen las políticas de ciencia como área de política pública para gastar más dinero", indica Luis Sanz. El grado de interés por la ciencia o la creencia de que produce resultados positivos para la sociedad también se relacionan con ese apoyo.
El investigador está analizando en la actualidad qué variables explican el "aumento extraordinario" del número de personas que prefiere apoyar políticas de ciencia en plena crisis económica según la encuesta de 2010. "Veremos en la encuesta de 2012 si la evolución de la crisis no ha perjudicado esta actitud de los ciudadanos", apunta.
Las explicaciones pueden ser diversas: quizá la población pone sus esperanzas en algo que desconoce o quizá se ha convencido de que el modelo económico anterior, poco basado en la innovación, es el que ha provocado la crisis. Además, "la relevancia de los recortes en ciencia pueden hacer más sensibles a los ciudadanos a la hora de reivindicarla", señala. Sin embargo, también es destacable que estas encuestas no suelen incorporar datos ya conocidos, como la preferencia general por políticas sociales relacionadas con pensiones, salud y educación. Desde el punto de vista de los poderes públicos, las encuestas son elemento informativo más, pero a la hora de la verdad "el diseño de las políticas se hace a otro nivel", advierte Luis Sanz.
Papel de las encuestas
En cualquier caso, "hace años se llegó a la conclusión de que el sistema de ciencia tenía un público atento que representaba el 20% de la población y que ellos determinaban cómo se hacían las políticas, pero que en general la ciudadanía era irrelevante", apunta. Sin embargo, "con el paso del tiempo y debido a algunas cuestiones especialmente polémicas en torno a la percepción de los resultados y los efectos de la ciencia en la sociedad ya no se puede decir eso", comenta. Por ejemplo, "si los ciudadanos se oponen al clonación y esto se mide en encuestas, los gobiernos se piensan si van a apoyar abiertamente ese tipo de investigación".
De una forma sutil, "la opinión pública sirve para legitimar estrategias de los grupos que definen la asignación de prioridades" y sirve para que los gobiernos puedan vetar algunos tipos de investigación que no se corresponden con la ideología de sus bases sociales, como ha ocurrido en Estados Unidos con los gobiernos conservadores en relación con las células madre.
En definitiva, la opinión actúa como un "termostato" que regula la estrategia de los políticos, pero "la ciencia es uno de los ámbitos donde esto ocurre en menor medida", de manera que la asignación de recursos no depende de la ciudadanía, "es política de las élites y las élites y las masas juegan papeles distintos".